Tanto el ex senador como el ex diputado siguen manejando los hilos del partido al haber impuesto a todos y cada uno de los ex asesores del Congreso y actualmente legisladores habiendo proscripto a la lista de Gerardo Piñeiro. La UCR está "deslegitimada" e irremediablemente relacionada al gildismo.
27/05/2024
leonardo fernández acosta
El diputado provincial, candidato a presidente del distrito Formosa de la Unión Cívica Radical, era el hombre del consenso de los sectores de Naidenoff y Buryaile. No tuvo lista para competir porque la justicia federal «bajó» la opositora que lideraba el ex concejal Gerardo Piñeiro.
La conducción del Comité Capital de la UCR quedó en manos de los abogados Diego Herrera y Bianca Capeletti Puyó como presidente y vicepresidente electos.
Según Piñeiro el proceso estuvo viciado de nulidades y consideró además que los que ocuparan los cargos directivos en el radicalismo, carecen de representatividad por la deslegitimación de los afiliados al no participar de las internas por el alto ausentismo.
"Con todo el poderío económico, 4 diputados provinciales, 2 concejales y el 100% de la dirigencia rentada de la capital sacaron 700 votos" dijo el ex legislador y agregó que: "La UCR en 2023 perdió el Senador y Diputada Nacional, no metió concejales en la capital y perdió la mitad de los diputados provinciales que puso en juego".
En la última sesión de la Legislatura Provincial, los referentes que hoy aparecen en la foto, legitimaron junto al gildismo la conformación del Consejo de la Magistratura en la provincia por lo que también llegan teñidos de sospechas ante una supuesta alianza con las huestes de Gildo Insfrán.
Piñeiro cerró que: "No les alcanzó con manejar la Junta Electoral, no les alcanzó con proscribir la lista opositora, no les alcanzó todo el poderío económico desplegado, están deslegitimados y fuera de consideración en la sociedad".
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
