Tanto el ex senador como el ex diputado siguen manejando los hilos del partido al haber impuesto a todos y cada uno de los ex asesores del Congreso y actualmente legisladores habiendo proscripto a la lista de Gerardo Piñeiro. La UCR está "deslegitimada" e irremediablemente relacionada al gildismo.
27/05/2024
leonardo fernández acosta
El diputado provincial, candidato a presidente del distrito Formosa de la Unión Cívica Radical, era el hombre del consenso de los sectores de Naidenoff y Buryaile. No tuvo lista para competir porque la justicia federal «bajó» la opositora que lideraba el ex concejal Gerardo Piñeiro.
La conducción del Comité Capital de la UCR quedó en manos de los abogados Diego Herrera y Bianca Capeletti Puyó como presidente y vicepresidente electos.
Según Piñeiro el proceso estuvo viciado de nulidades y consideró además que los que ocuparan los cargos directivos en el radicalismo, carecen de representatividad por la deslegitimación de los afiliados al no participar de las internas por el alto ausentismo.
"Con todo el poderío económico, 4 diputados provinciales, 2 concejales y el 100% de la dirigencia rentada de la capital sacaron 700 votos" dijo el ex legislador y agregó que: "La UCR en 2023 perdió el Senador y Diputada Nacional, no metió concejales en la capital y perdió la mitad de los diputados provinciales que puso en juego".
En la última sesión de la Legislatura Provincial, los referentes que hoy aparecen en la foto, legitimaron junto al gildismo la conformación del Consejo de la Magistratura en la provincia por lo que también llegan teñidos de sospechas ante una supuesta alianza con las huestes de Gildo Insfrán.
Piñeiro cerró que: "No les alcanzó con manejar la Junta Electoral, no les alcanzó con proscribir la lista opositora, no les alcanzó todo el poderío económico desplegado, están deslegitimados y fuera de consideración en la sociedad".
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
El tablero político de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán. Con ese aval, los jueces del máximo tribunal deberán analizar la validez de la reforma constitucional que permitió —otra vez— que el histórico mandatario quede habilitado para intentar seguir en el poder.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
