El abogado que apostó con un partido desconocido al frente "La Libertad Avanza" y sacó la lotería junto al diputado nacional, Gerardo González fue nombrado en el PAMI este 27 de mayo. Es el segundo nombramiento de varios en ese organismo de la nueva administración.
Locales29/05/2024
leonardo fernández acosta
El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, designó este último 27 de mayo, al abogado Pablo Miguez para desempeñar tareas en la Unidad de Gestión Local XXIII - Formosa, dependiente de la Gerencia de Coordinación de Unidades de Gestión Local.
Miguez quien se subió al estribo de La Libertad Avanza con el Partido Renovador Federal, ahora gestiona el reconocimiento de La Libertad Avanza en Formosa de la mano del diputado, Gerardo González quien proximamente también decidiría el titular del Ministerio de Trabajo en Formosa.
El nombramiento del abogado, es el segundo en el PAMI de algunos más, el primero fue el del Director Ejecutivo de la UGL local por lo que el resto de los militantes de González sigue esperando aún cumpliendo funciones dentro del organismo.
El sueldo que le corresponderá al nuevo contratado del PAMI va desde el millón y medio de pesos hacia arriba y dependerá de de la Gerencia de Coordinación de Unidades de Gestión Local, en el Tramo C dentro del Agrupamiento que corresponda, según lo estipulado en el Anexo I de la Resolución N° 1375/DE/06, con una carga horaria de treinta y cinco (35) horas semanales de labor.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
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El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
