leonardo fernández acosta
El día martes, en las instalaciones del polideportivo policial, se llevará a cabo el acto de traspaso de mando en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Formosa. Todo el personal policial ha sido citado para presenciar este evento que, lejos de representar un simple cambio de nombres, simboliza la perpetuación de un modelo institucional marcado por escándalos, denuncias y violación de derechos humanos.
El actual jefe saliente, el Comisario General Walter Arroyo, deja el cargo tras un periodo cargado de escándalos y un notable desgaste en su imagen pública. Sin embargo, su permanencia hasta ahora no ha sido fruto de su desempeño ni de méritos profesionales, sino del respaldo incondicional del gobernador Gildo Insfrán.
Durante años, Arroyo fue el hombre de confianza del poder político, incluso cuando las críticas y denuncias en su contra crecían a un ritmo alarmante. Entre las acusaciones más graves que pesan sobre él se encuentran numerosas causas judiciales por abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la pandemia. Bajo su gestión, la Policía de Formosa se convirtió en un instrumento de represión, no solo contra los ciudadanos comunes, sino también contra opositores políticos y periodistas independientes.
Por si esto fuera poco, Arroyo arrastra denuncias por espionaje ilegal, debido a su anterior rol como jefe del Departamento de Informaciones Policiales, una unidad más conocida como “la brigada”.
Este departamento, históricamente envuelto en acusaciones de vigilancia ilícita, se utilizó durante su gestión como una herramienta para hostigar a cualquier voz disidente en la provincia.
Pese a este turbio prontuario, Arroyo fue sostenido hasta último momento por el aparato político provincial, a pesar de que su relación con el Ministro de Seguridad, Jorge González, se había deteriorado notablemente. González, quien también ha sido señalado por diversas irregularidades, utilizó el mismo Departamento de Informaciones para operar una suerte de “policía paralela”, cuyo objetivo principal no era garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino proteger los intereses políticos del oficialismo.
El traspaso de mando no augura un cambio significativo, todo lo contrario, ya que el sucesor de Arroyo, el Comisario General Moisés Villagra, llega al cargo con un historial igualmente oscuro. Villagra, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de la Policía, también acumula denuncias por violaciones de derechos humanos y espionaje ilegal durante su gestión en “la brigada”.
En los momentos más críticos de la pandemia, cuando la provincia fue objeto de denuncias nacionales e internacionales por sus políticas represivas, Villagra lideró el Comando Radioeléctrico, una unidad tristemente célebre por la fabricación de causas judiciales con testigos falsos y procedimientos arbitrarios. Estas prácticas, lejos de ser excepciones, se convirtieron en una herramienta recurrente para silenciar críticas y sembrar el miedo entre la población.
El acto de mañana no solo será la coronación de jefes policiales cuestionados por innumerables actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sino que también consolidará el poder político del Ministro González.
González, a lo largo de su gestión, ha recompensado sistemáticamente a los oficiales superiores que desempeñaron un rol clave en la brutal represión del 5 de marzo de 2021 y en los abusos durante la pandemia, un episodio que quedó grabado en la memoria de los formoseños como una de las jornadas más oscuras en la historia reciente de la provincia. Ese día, la Policía actuó con una violencia desmedida contra manifestantes que simplemente exigían derechos básicos, dejando un saldo de heridos, más de 100 detenidos y una sociedad profundamente fracturada.
La cadena de irregularidades que caracteriza a la cúpula policial no se limita a las acciones individuales de Arroyo o Villagra. Las denuncias también alcanzan al propio Ministro de Seguridad, Jorge González, quien ha sido señalado como el principal arquitecto de este modelo de control y represión. Y, por supuesto, las acusaciones no se detienen ahí: el gobernador Gildo Insfrán, como máximo responsable político de la provincia, ha sido mencionado repetidamente en las denuncias por su rol en la consolidación de este sistema. Insfrán no solo ha permitido que estos funcionarios actúen con impunidad, sino que los ha respaldado y premiado, asegurándose de que su control sobre las instituciones sea absoluto.
A pesar de la gravedad de las denuncias, la justicia provincial ha demostrado ser, en el mejor de los casos, ineficiente y, en el peor, cómplice. Las causas que se tramitan en la órbita local suelen ser “cajoneadas”, dejando en claro que no existe voluntad de investigar ni sancionar a quienes han cometido abusos.
Las denuncias presentadas en la justicia federal corren una suerte similar: las causas por delitos como espionaje fueron “cajoneadas”. Este panorama de impunidad es un reflejo del poder que el oficialismo ejerce no solo sobre todas las instituciones provinciales, consolidando un sistema donde la corrupción y los abusos son tolerados e incluso fomentados.
Finalmente la sociedad formoseña observa con resignación cómo el cambio de nombres en la cúpula policial no implica ningún tipo de transformación real. Arroyo se va, pero Villagra llega con las mismas prácticas y una lealtad inquebrantable al poder político. El acto de mañana será una ceremonia cuidadosamente diseñada para transmitir una falsa sensación de renovación, pero los formoseños saben que, detrás de los discursos y las formalidades, nada cambiará.
La perpetuación de este sistema no solo afecta a quienes son directamente víctimas de los abusos policiales, sino que también envía un mensaje claro al resto de la ciudadanía: en Formosa, la justicia y los derechos humanos son valores secundarios frente a los intereses políticos de quienes controlan la provincia.
