La Comisión de DDHH. de la Cámara de Diputados de la Nación, recibió a los ciudadanos que fueron sometidos a la violación de sus derechos humanos en pandemia y el testimonio de otros casos de muertes irresueltas, narradas por los familiares. El kirchnerismo pese a ser una reunión formal de la Comisión no participó.
Locales07/05/2025
leonardo fernández acosta
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Sabrina Ajmechet, le abrió las puertas en esta jornada de miércoles a ciudadanos de Formosa que denunciaron persecución política, represión estatal, abandono sanitario y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El primero en pronunciarse fue el Dr. Armando Aquino Britos, abogado y académico, quien aseguró que “la violación de los derechos humanos comienza por el sistema político” y que “los derechos políticos también son derechos humanos”, en referencia a la reelección indefinida del gobernador provincial Gildo Insfrán. Además, marcó que la estructura de poder en la provincia imposibilita la alternancia democrática y va en detrimento de derechos fundamentales.
Teresa Pereyra, habitante del barrio “Lote 111”, brindó detalles de las condiciones extremas de hacinamiento y falta de agua potable, que afectan gravemente la salud de la población. Ella denunció que las autoridades provinciales ignoran reclamos básicos y sostienen al barrio en un estado de abandono sistemático.
Gladys Villa, madre de Federico Romero, un policía especializado en narcóticos que falleció en el marco de un operativo policial, contó pormenores de las contradicciones en la investigación sobre el deceso de su hijo. Aseveró que la Policía afirmó que su hijo “se resbaló en el río”, pero cuando le entregaron el cuerpo, su ropa estaba completamente ensangrentada. Solicitó a los legisladores nacionales que “no se olviden de Formosa”, ya que “Formosa es Argentina”.
El periodista Gabriel Hernández mostró pruebas sobre la falta de libertad de expresión en medios formoseños y denunció haber sido gravemente perseguido por posibilitar que ciudadanos opositores expresaran sus posturas públicamente. “Todo pasa por la birome de Insfrán”, dijo, refiriéndose al control total del oficialismo sobre los medios y las instituciones.
Ismael, un joven de a comunidad Wichí, aportó un escalofriante testimonio sobre torturas, maltrato psicológico y amenazas graves sufridas a manos de la Policía Provincial. Con lágrimas en sus ojos, relató que un agente le gatilló tres veces en la cabeza, sin que saliera la bala. Su declaración provocó profunda conmoción en la sala.
Por último, Valentín, un padre que perdió a su hija por falta de atención médica, denunció que el sistema de salud formoseño no contaba con los medios necesarios para atendarla.
Este hombre contó que su hija se despidió de su madre diciendo que “se iba al infinito”. Sumó que desde su fallecimiento, hace casi dos años, nadie del gobierno entabló comunicaciones con él, pero que al enterarse de su viaje a Buenos Aires para dar testimonio, recibió un llamado amenazante en el que le advirtieron “que tenga cuidado” con lo que iba a decir.
Durante la reunión, también tomaron la palabra las diputadas Silvia Ibáñez y Lilia Lemoine, quienes destacaron el coraje de los testigos y señalaron que en Formosa “el Estado es responsable de las violaciones de derechos humanos”.
La diputada Ajmechet, presidenta de la Comisión, se disculpó por el tiempo en que la misma estuvo inactiva y propuso que la Comisión se traslade a Formosa para verificar en el terreno la situación denunciada. Además, pidió por una intervención del Poder Judicial provincial, por considerar que no asegura la imparcialidad ni acceso a la Justicia para los ciudadanos de la provincia del Norte.
El diputado nacional Fernando Carbajal, vicepresidente de la Comisión y representante por Formosa, dijo que “la sociedad en su conjunto es víctima de una violación de derechos humanos” y recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció contra la legalidad del actual mandato del gobernador.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
