leonardo fernández acosta
Durante más de dos décadas, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue una máquina de despilfarro, sobreprecios, contratos truchos y abandono sistemático de las rutas. Y ahora que el Gobierno nacional decide cerrar esa caja negra, el peronismo y sus aliados se transforman, como por arte de magia, en custodios de lo público. Hipócritas de manual.
Lo que ocurrió en Formosa es un ejemplo perfecto. A pesar del supuesto enfrentamiento entre el oficialismo provincial y el gobierno de Javier Milei, el gildismo logró quedarse con el control de la DNV local gracias a un pacto tácito con La Libertad Avanza. El resultado: la designación del ingeniero Ramis, un empleado del IPV con conocidas vinculaciones con el gildismo, como nuevo responsable del organismo.
Sí, Ramis. En una DNV salpicada por denuncias de corrupción, sumarios escandalosos, obras fantasma y funcionarios enriquecidos, colocan a un hombre del riñón político de Gildo Insfrán. Un reciclaje más del mismo sistema que convirtió a Vialidad en una cueva de negocios turbios y acomodos. Lo único que cambió fue el logo en la puerta.
De repente y ante los negocios turbios sacados a la luz, se despiertan el juez federal, sindicatos, defensores del pueblo y opinólogos seriales. Se indignan. Se escandalizan. Emiten fallos urgentes, sacan comunicados, dan notas. Pero antes nunca se los escuchó quejándose, cuando las rutas eran un cementerio de autos y víctimas.
Seguramente como sus "conchabos" truculentos demostrados en la auditoría nacional del organismo (que están tratando de esconder) y en sumarios a nivel local, funcionaban de manera aceitada sin molestias. Extrañan los años "mozos "cuando los contratos se firmaban sin licitaciones transparentes. Cuando felices festejaban en los actos con el modelo formoseño y el único pavimento que avanzaba era el de los bolsillos de algunos funcionarios.
La respuesta es obvia: estaban ahí, participando o mirando para otro lado. Porque durante más de 20 años, Vialidad fue eso: un instrumento para repartir favores, direccionar obras y enriquecer a la patria contratista amiga del poder. Hoy, el escándalo no es el robo: el escándalo es que les cierren el kiosco.
Y aunque algunos libertarios crean que controlan la situación, lo cierto es que en Formosa se han entregado sin pudor. Porque no se puede combatir la casta entregando organismos clave a los mismos que los vaciaron. Designar gildistas en cargos nacionales es como poner al zorro a cuidar el gallinero.
Pero hay un punto de inflexión: el cierre definitivo de la DNV, como lo anunció el presidente Javier Milei, promete clausurar esa caja negra de la política que durante años fue usada como botín partidario. Las funciones pasarán a otras estructuras más racionales, con menos margen para el curro y más control.
Molesta a los que vivían de eso. Molesta a los que usaban la obra pública como red clientelar. Molesta a los que negociaban sobreprecios con contratistas amigos. Molesta a los que hacían política con el barro de las rutas y las tragedias de los accidentes. Y por eso lloran. Por eso gritan. Por eso judicializan. Porque el drama no es el ajuste; el drama es perder el negocio.
Pero se les acaba el tiempo. Porque por más pactos subterráneos que se hagan en Formosa o en Buenos Aires, la lógica del Estado botín está herida de muerte. Y aunque pataleen, la caja se cierra.
De hecho, la causa Vialidad no solo expuso cómo se usaba la obra pública como mecanismo de corrupción estructural: también terminó con una condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa, por direccionar fondos millonarios a empresarios amigos como Lázaro Báez. Esa es la dimensión real del saqueo. No fue un error administrativo ni una desprolijidad de gestión: fue un plan sistemático para robar desde el Estado. Y ahora que se les termina, hacen escándalo. Pero ya es tarde.
