Un régimen que se alimenta del sometimiento y la pobreza, que pisotea la Constitución y manipula a su antojo a una sociedad atrapada en el hambre y la marginalidad. Paoltroni no sólo desenmascaró la trampa, sino que evidenció la profunda decadencia política que mantiene a Formosa en un estado perpetuo de esclavitud moderna.
Locales07/08/2025
leonardo fernández acosta
El senador nacional y convencional constituyente Francisco Paoltroni no se guardó nada durante su intervención en la sesión de la Asamblea Constituyente y dejó una contundente denuncia sobre el actual modelo político que rige en Formosa.
Con visible enojo y sin rodeos, Paoltroni abrió su discurso señalando que “una gran parte de los formoseños hace muchos años se está tratando de liberar de este régimen”. Criticó duramente la legitimidad del poder provincial, al que calificó como “ilegítimo, tramposo y nacido para empobrecer y dominar a toda la sociedad”, comparando sus métodos con “las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI”.
El senador apuntó directamente a la reciente aprobación del artículo 7 en la nueva Constitución provincial, señalando que “viola la Constitución Nacional”. Recordó a sus colegas que, como senador nacional, ha jurado “respetar y defender la Constitución Nacional”, y cuestionó la persistencia del régimen formoseño en “cercenar derechos” y mantener “la vulnerabilidad total” del pueblo a través de la falta de trabajo y producción.
Paoltroni no dudó en denunciar las múltiples formas de presión que, según él, utiliza el gobierno provincial para controlar a la población: “apriete con empleo público, apriete con la vivienda, apriete con los empleos municipales, acarreando gente con necesidades extremas”.
Tras dejar claro su postura y sus críticas, el senador y convencional concluyó su intervención y se retiró, dejando tras de sí un fuerte mensaje sobre la realidad política y social que atraviesa Formosa.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
