El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Locales05/09/2025
Lo que acaba de ocurrir en Formosa no es un hecho aislado: es la confirmación de que el poder feudal de Gildo Insfrán decidió lanzar la “batalla final” contra una de las últimas voces independientes de la provincia. La demanda millonaria presentada por Juan Eduardo Lenscak —empleado del régimen, devenido en “referente de derechos humanos” a sueldo— contra el periodista César Leonardo Fernández Acosta no es otra cosa que un intento brutal de disciplinamiento y censura judicial.
Exigir 72 millones de pesos por daño moral es una obscenidad, no solo porque el número resulta delirante en un contexto donde la mitad de la población formoseña sobrevive gracias a planes sociales, sino porque muestra la verdadera intención: destruir económicamente al crítico y enviar un mensaje ejemplificador al resto del periodismo.
En la Formosa de Insfrán no hay división de poderes ni garantías efectivas: los tribunales actúan como sucursal del poder político. Por eso esta demanda no debe leerse como un simple pleito privado: es la extensión de la maquinaria de persecución contra quienes denuncian corrupción, violaciones de derechos humanos y el sometimiento institucional que impera desde hace décadas.
Lenscak, otrora víctima de la represión, hoy es funcional a un sistema que reproduce los mismos métodos autoritarios que él mismo padeció. Y su recurso judicial no es más que el disfraz jurídico de una censura encubierta: callar al disidente bajo la máscara de la “defensa de la honra”.
La demanda promovida por Juan Eduardo Lesca contra el periodista César Leonardo Fernández Acosta, reclamando 72 millones de pesos en concepto de daño moral, merece un análisis jurídico serio en contrario sentido a lo argumentado en la demanda.
En primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) protege de manera reforzada la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de críticas dirigidas a funcionarios públicos o personas vinculadas al poder. La Corte IDH, en casos como Kimel vs. Argentina y Canese vs. Paraguay, ha establecido que quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un mayor grado de escrutinio y cuestionamiento social.
El texto de la demanda confunde dos planos distintos:
La difusión de hechos falsos (que podrían generar responsabilidad civil si se acreditara daño real).
Y la emisión de juicios de valor u opiniones críticas, que gozan de una protección casi absoluta.
Lo que Fernández Acosta escribió no constituye imputaciones fácticas falsas sino valoraciones políticas sobre el rol de Lenscak dentro de un esquema de poder feudal. Dichas opiniones, aunque duras o incómodas, están amparadas por el derecho.
Además, la pretensión económica carece de razonabilidad. La Corte Suprema argentina ha advertido que las condenas civiles desproporcionadas en materia de expresión pueden transformarse en formas indirectas de censura (Fallos: 331:1530, “Patitó”). Pedir 72 millones de pesos no es un resarcimiento, es una amenaza judicial contra la libertad de prensa.
En definitiva, el reclamo no supera un test de convencionalidad ni de proporcionalidad. Y si fuese acogido, consolidaría un grave precedente: el uso del aparato judicial como herramienta de hostigamiento contra el periodismo crítico.
Lesncak no está defendiendo derechos, está blindando privilegios. Cambió la memoria por un vida sin sobresaltos, la coherencia por cargos, y hoy presta su nombre para un operativo político que busca enterrar la libertad de prensa en la provincia.
La demanda es un mensaje mafioso: “Si escribís contra el régimen, te arruinamos la vida en los tribunales”. Y detrás de ese mensaje está la mano de Insfrán, que necesita un periodismo mudo para sostener su poder eterno.
La bronca dejó de ser un rumor para convertirse en un grito. En todo el país se repite la misma frase: “Soy peronista, no ciego”. Mientras el pueblo se cansa de los privilegios eternos, en Formosa Insfrán sigue reinando con el voto cautivo de un pueblo que todavía no se anima a romper sus cadenas.
En Formosa, la propiedad privada es una ficción sostenida por el poder. Una viuda de 79 años fue despojada de su casa familiar por una funcionaria ligada al gildismo. El caso involucra al periodista oficialista Hugo Soto, que esta vez probó en carne propia cómo el modelo también devora a los suyos.
Aunque el changuito formoseño figura entre los más baratos del país, el bolsillo local es uno de los más castigados. Los precios bajos no reflejan alivio, sino salarios miserables y una economía paralizada por la dependencia estatal. En Formosa, la inflación se disfraza de estabilidad mientras el consumo se hunde en el silencio del miedo y la pobreza estructural.
El acto de La Libertad Avanza en el Movistar Arena mostró la cara más contradictoria del oficialismo: militantes acarreados, exgildistas reciclados y un presidente más concentrado en su show que en reconstruir alianzas y confianza.
En el aniversario del ataque al Regimiento de Monte 29, la vicepresidenta Victoria Villarruel eligió compartir escenario con Gildo Insfrán y José Mayans. En lugar de homenajear a los caídos, el acto terminó convertido en una puesta política donde el llamado a la “unidad nacional” sonó más como un gesto de complacencia hacia el poder provincial que como un mensaje de reconciliación.
Un "estudio" milagroso revela que en Formosa los salarios ganaron a la inflación y la pobreza se redujo mágicamente. El truco: comparar lo incomparable, omitir lo inconveniente y bendecir las cifras hasta que confiesen lo que el poder quiere oír. Muracciole, rector y mago: donde la economía falla, su varita estadística trabaja. En sus aulas se enseña que dos más dos son lo que el gobierno necesite que sean
La renuncia forzada de José Luis Espert sacudió al gobierno de Javier Milei y dejó un sabor amargo entre quienes alguna vez vieron en él una referencia liberal genuina. En Formosa, donde su voz había despertado entusiasmo en tiempos de censura política, su derrumbe simboliza el final de una ilusión y la confirmación de que el proyecto libertario perdió su rumbo moral.
El acto de La Libertad Avanza en el Movistar Arena mostró la cara más contradictoria del oficialismo: militantes acarreados, exgildistas reciclados y un presidente más concentrado en su show que en reconstruir alianzas y confianza.
Aunque el changuito formoseño figura entre los más baratos del país, el bolsillo local es uno de los más castigados. Los precios bajos no reflejan alivio, sino salarios miserables y una economía paralizada por la dependencia estatal. En Formosa, la inflación se disfraza de estabilidad mientras el consumo se hunde en el silencio del miedo y la pobreza estructural.
En Formosa, la propiedad privada es una ficción sostenida por el poder. Una viuda de 79 años fue despojada de su casa familiar por una funcionaria ligada al gildismo. El caso involucra al periodista oficialista Hugo Soto, que esta vez probó en carne propia cómo el modelo también devora a los suyos.
La bronca dejó de ser un rumor para convertirse en un grito. En todo el país se repite la misma frase: “Soy peronista, no ciego”. Mientras el pueblo se cansa de los privilegios eternos, en Formosa Insfrán sigue reinando con el voto cautivo de un pueblo que todavía no se anima a romper sus cadenas.
