Hay que reventar a Fernández Acosta: Lenscak demanda al último periodista libre por 72 millones en la justicia de Insfrán

Lo que acaba de ocurrir en Formosa no es un hecho aislado: es la confirmación de que el poder feudal de Gildo Insfrán decidió lanzar la “batalla final” contra una de las últimas voces independientes de la provincia. La demanda millonaria presentada por Juan Eduardo Lenscak —empleado del régimen, devenido en “referente de derechos humanos” a sueldo— contra el periodista César Leonardo Fernández Acosta no es otra cosa que un intento brutal de disciplinamiento y censura judicial.

Exigir 72 millones de pesos por daño moral es una obscenidad, no solo porque el número resulta delirante en un contexto donde la mitad de la población formoseña sobrevive gracias a planes sociales, sino porque muestra la verdadera intención: destruir económicamente al crítico y enviar un mensaje ejemplificador al resto del periodismo.

En la Formosa de Insfrán no hay división de poderes ni garantías efectivas: los tribunales actúan como sucursal del poder político. Por eso esta demanda no debe leerse como un simple pleito privado: es la extensión de la maquinaria de persecución contra quienes denuncian corrupción, violaciones de derechos humanos y el sometimiento institucional que impera desde hace décadas.

Lenscak, otrora víctima de la represión, hoy es funcional a un sistema que reproduce los mismos métodos autoritarios que él mismo padeció. Y su recurso judicial no es más que el disfraz jurídico de una censura encubierta: callar al disidente bajo la máscara de la “defensa de la honra”.

La demanda promovida por Juan Eduardo Lesca contra el periodista César Leonardo Fernández Acosta, reclamando 72 millones de pesos en concepto de daño moral, merece un análisis jurídico serio en contrario sentido a lo argumentado en la demanda.

En primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) protege de manera reforzada la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de críticas dirigidas a funcionarios públicos o personas vinculadas al poder. La Corte IDH, en casos como Kimel vs. Argentina y Canese vs. Paraguay, ha establecido que quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un mayor grado de escrutinio y cuestionamiento social.

El texto de la demanda confunde dos planos distintos:

La difusión de hechos falsos (que podrían generar responsabilidad civil si se acreditara daño real).
Y la emisión de juicios de valor u opiniones críticas, que gozan de una protección casi absoluta.
Lo que Fernández Acosta escribió no constituye imputaciones fácticas falsas sino valoraciones políticas sobre el rol de Lenscak dentro de un esquema de poder feudal. Dichas opiniones, aunque duras o incómodas, están amparadas por el derecho.

Además, la pretensión económica carece de razonabilidad. La Corte Suprema argentina ha advertido que las condenas civiles desproporcionadas en materia de expresión pueden transformarse en formas indirectas de censura (Fallos: 331:1530, “Patitó”). Pedir 72 millones de pesos no es un resarcimiento, es una amenaza judicial contra la libertad de prensa.

En definitiva, el reclamo no supera un test de convencionalidad ni de proporcionalidad. Y si fuese acogido, consolidaría un grave precedente: el uso del aparato judicial como herramienta de hostigamiento contra el periodismo crítico.

Lesncak no está defendiendo derechos, está blindando privilegios. Cambió la memoria por un vida sin sobresaltos, la coherencia por cargos, y hoy presta su nombre para un operativo político que busca enterrar la libertad de prensa en la provincia.

La demanda es un mensaje mafioso: “Si escribís contra el régimen, te arruinamos la vida en los tribunales”. Y detrás de ese mensaje está la mano de Insfrán, que necesita un periodismo mudo para sostener su poder eterno.