Del reclamo al silencio absoluto: el giro que desnuda el caso Xiomara y el miedo a litigar contra el Estado

En Formosa ya es casi una postal repetida: causas que quedan huérfanas porque ningún abogado quiere –o se anima– a litigar contra el Estado. No es solo miedo: es supervivencia. En una provincia donde la Justicia funciona como una prolongación del poder político, enfrentarse al gobierno es, para muchos profesionales, el camino más corto a quedar marcados, aislados o directamente fuera del circuito.

Esa realidad, que suele comentarse en voz baja en los pasillos de tribunales, estalla cuando aparece un caso sensible. Y hoy el caso Xiomara se vuelve una radiografía descarnada del sistema. Porque es muy difícil no acompañar en el dolor a una familia atrapada en la peor incertidumbre: todavía no se ha confirmado si el cuerpo hallado pertenece o no a la joven. Una familia que al principio marchó, habló, exigió, expuso su angustia… y que ahora parece sumergida en una suerte de silencio forzado, una censura cuidadosamente maquillada bajo el rótulo oficial de “contención por parte del Estado”. Ya no hablan con nadie. Ya no participan. Ya no dicen una sola palabra. Y entretanto, el cadáver sigue sin una identificación definitiva.

En ese silencio nacen las peores sospechas. La primera versión —la hipótesis liviana de que Xiomara se habría ido con una pareja— se desmorona frente a un entramado más espeso, donde empiezan a asomar elementos incómodos: posibles vinculaciones políticas, consumo excesivo y escenarios de descontrol que nadie parece demasiado dispuesto a investigar. Y si la familia muda de repente su rol, si ya no reclama, si baja la voz, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué pasó en el medio? ¿qué les dijeron? ¿qué peso tuvo el aparato político en esa “contención”?

En este contexto, las palabras del diputado electo por La Libertad Avanza y abogado, Esteban López Tozzi, son una piña sobre la mesa. “No crean en el colectivo feminista, a ellas solo le importan las víctimas cuando las beneficia políticamente”, escribió. Y agregó, afilado: “No busquen abogados que pertenezcan al partido o sean simpatizantes públicos del gobierno al que la situación pueda comprometer”. Podrá gustar o no, pero su advertencia toca la fibra más cruda del problema: en Formosa, no todos los abogados pueden —ni quieren— meterse en causas que incomoden al poder, especialmente cuando el expediente amenaza con salpicar cerca del oficialismo.

Y allí aparece la mayor tragedia institucional: cuando la Justicia es adicta, los abogados temen, los militantes se cuidan y las familias se silencian, las víctimas quedan completamente solas. Xiomara —si es que el cuerpo hallado es efectivamente el suyo— no solo es víctima de un posible femicidio: es víctima de un sistema que protege más a los poderosos que a la verdad. Un sistema donde abundan las leyes, sobran los fiscales y se repiten los discursos, pero faltan garantías de independencia y coraje institucional.

El caso Xiomara interpela al Estado, pero también desnuda el ecosistema político y judicial que opera en torno suyo. Hasta que eso no cambie, las causas seguirán siendo huérfanas. Y las víctimas, rehenes de un silencio que nunca es casual, sino perfectamente funcional a un poder que siempre encuentra la manera de cubrirse a sí mismo.