El silencio como método: el caso Xiomara ya huele a encubrimiento

Todavía sin respuestas y con apenas una confirmación forense que llegó tarde y mal, la causa por la muerte de Xiomara Portillo está en un punto muerto cuidadosamente construido. No es fruto de la ineficiencia: es el resultado previsible de un silencio impuesto desde las autoridades judiciales y ejecutado por la Policía de Formosa, siempre eficiente cuando se trata de blindar la información, nunca cuando debe encontrar la verdad.

La familia lo dijo con una simple frase que debería escandalizar a cualquier sistema democrático: la policía les secuestró los celulares a la hermana y a la madre de Xiomara. ¿Para qué? ¿Con qué fundamento judicial? ¿Qué urgencia tenía el Estado por quedarse con los teléfonos de las víctimas y no con las pruebas que siguen sin aparecer? Ninguna autoridad dio una explicación. Y cuando no hay explicaciones, hay sospechas. Y cuando las sospechas se acumulan, aparece la palabra que atraviesa cada caso sensible en Formosa: ocultamiento.

La versión oficial intenta cubrir ese agujero negro con una conferencia de prensa que suma formalidades, protocolos, tecnicismos y una exhibición de cargos policiales… pero no despeja ni una sola duda. El comisario general Nicolino Arias y su batería de jefes repitieron lo previsible: que activaron el SICOF, que intervinieron en el SIFEBU, que preservaron la escena, que siguieron la cadena de custodia, que trabajaron “sistemática y metódicamente”. Un catálogo de procedimientos que suena impecable… salvo por un detalle: nada de eso acercó la causa a la verdad.

Más de una semana para obtener una impresión dactilar. Más de una semana sin dar un solo dato sobre cómo, cuándo y en qué circunstancias murió la menor. Más de una semana para admitir que el cuerpo encontrado en un descampado —en una provincia donde nadie puede mover una hoja sin que el Estado lo sepa— era el de Xiomara. Lo único que avanza rápido, curiosamente, son los silencios.

Mientras tanto, la causa se mueve en las sombras. Hay un menor retenido y un hombre detenido, pero ni la Policía ni el juez Marcelo Picabea, ni la jueza de Menores Silvana Jarsinsky, ni las fiscales Natalia Tafetani y Julieta Alucín explicaron por qué están privados de su libertad, qué los vincula con el crimen o qué pruebas existen. Es una matriz conocida: detener primero, justificar después. Y cuando la justificación no aparece, se apela al hermetismo.

Los once allanamientos, las cámaras secuestradas, las requisas vehiculares: todo parece diseñado para demostrar movimiento. Pero lo único que no se mueve es lo esencial: la causa no tiene rumbo, no tiene hipótesis pública, no tiene voceros y no tiene transparencia.

El caso Xiomara ya se parece peligrosamente a otros expedientes trágicos en Formosa donde la investigación inicial sirve más para encapsular la verdad que para perseguirla. Cuando el Estado confisca los teléfonos de la familia, oculta información básica, administra detenciones sin explicar motivos y comunica solo lo que le conviene, no estamos ante una investigación: estamos ante un blindaje.

La pregunta ya no es qué le pasó a Xiomara. La pregunta es por qué, otra vez, el sistema entero parece trabajar para que no lo sepamos.