leonardo fernández acosta
En Formosa hay instituciones que, al parecer, han decidido ampliarse a sí mismas el territorio donde opinan, dictaminan y sugieren. Uno de esos casos quedó expuesto en la reciente entrevista que la doctora Sandra Moreno, integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP), concedió a una radio del gobierno. Lo que debería haber sido una explicación técnica sobre la proclamación de candidatos terminó convirtiéndose en una clase improvisada de sucesión municipal, especulación política y futurismo institucional.
Moreno comenzó señalando que la proclamación de los electos “es un acto formal que consiste en la entrega de diplomas y la firma del acta”, y que ese trámite habilita la preparación de sesiones. Hasta ahí, pura burocracia electoral. Pero el giro dramático llegó cuando decidió convertir esa formalidad en una opinión personal sobre el futuro institucional de Las Lomitas, particularmente en torno a Atilio Basualdo, intendente reelecto y proclamado a la vez diputado nacional.
Según Moreno, la incompatibilidad es absoluta. Citó la ley provincial 1.028, cuyo artículo 18 establece: “Los cargos municipales son incompatibles con los cargos electivos nacionales o provinciales”.
Y remató con una sentencia que suena más a fallo que a explicación: “El cargo de diputado es un cargo electivo, y no se puede ejercer junto con el cargo de intendente”.
Hasta ahí, una lectura válida aunque estricta. Pero luego cruzó una línea que ni la ley ni el sentido común le habilitan a cruzar. A falta de mejor expresión: la jueza empezó a gobernar Las Lomitas desde el micrófono.
Primero adelantó consecuencias que no le competen al Tribunal Electoral: “Si Basualdo decide aceptar el cargo de diputado, perdería automáticamente su representatividad como intendente”. Luego interpretó la sucesión municipal como si el artículo 19 de la misma ley la hubiera facultado a ella —y no al Concejo Deliberante— a ordenar el reemplazo: “En este escenario, Pablo Basualdo tendría la posibilidad de asumir como intendente”.
El artículo 19 de la ley 1.028, por cierto, es claro pero no mágico: “En caso de renuncia, fallecimiento, suspensión o imposibilidad del intendente, asumirá provisoriamente el Presidente del Concejo”. La norma describe una acefalía ya producida, no un pronóstico, ni una receta familiar hereditaria, ni un mecanismo que el TEP deba interpretar públicamente. La jueza, sin embargo, lo expuso como consecuencia inevitable, incluso deseable, ignorando que la competencia sobre la sucesión municipal pertenece exclusivamente al Concejo Deliberante y, llegado el caso, al fuero contencioso administrativo.
Pero la extralimitación no terminó ahí. Moreno fue más lejos y afirmó que incluso si Atilio Basualdo intentara tomarse licencia, la incompatibilidad persistiría, porque “no se trata de un empleo sino de una representación otorgada por el pueblo”. Una afirmación linda para un manual escolar, pero jurídicamente falsa: Las licencias municipales las regula el Concejo, no el Tribunal Electoral de Formosa.
No conforme con ese exceso, la jueza también habló de la eventual obligación de convocar elecciones extraordinarias en Las Lomitas: “El municipio tendría que llamar a elecciones si la renuncia se produce antes de la mitad del mandato”. Otra vez, adelantar decisiones administrativas ajenas a su órgano. El TEP no “ordena” elecciones municipales extraordinarias, solo las administra si el municipio —y no una jueza por radio— las convoca.
Si Atilio renuncia, Pablo asume.
Mientras tanto, en Las Lomitas ocurría algo más terrenal y más explicativo que las elucubraciones jurídicas de Moreno: Pablo Basualdo, hijo del intendente, era elegido por unanimidad como presidente del Concejo Deliberante, con votos del PJ y de La Libertad Avanza. Con ese movimiento, el camino sucesorio quedaba impecablemente despejado:
Si Pablo asume, el Concejo queda en manos de quien decidan los bloques aliados.
Y si hace falta llamar a elecciones, el cronograma también queda a discreción de la política formoseña.
La sincronía es demasiado pulcra para ser casualidad. Justo cuando el hijo asegura la línea de sucesión, aparece la jueza instalando —con una claridad sorprendente— el relato de que “la ley es clara” y que la renuncia casi conduce, por gravedad institucional, a que Pablo deba ocupar el cargo.
Para completar el cuadro, Moreno se defendió de críticas diciendo: “No estoy prejuzgando, solo analizo la legislación vigente”. Pero el prejuzgamiento es evidente: Dictaminó sobre un supuesto futuro. Interpretó licencias municipales sin competencia. Anticipó una sucesión administrativa que no le pertenece. Y deslizó obligaciones electorales que no dependen del TEP.
Lo que debería ser un árbitro imparcial termina actuando como comentarista político, intérprete sucesorio y vocera institucional del clima interno de Las Lomitas.
El TEP proclamó cargos. Pero su jueza proclamó —sin querer queriendo— un escenario político: la continuidad de los Basualdo en el poder local, legitimada por una lectura expansiva de la ley y transmitida en vivo.
Las normas existen para limitar abusos, no para justificar operaciones. Y cuando una jueza electoral habla más como analista que como magistrada, el riesgo no es solo jurídico: es democrático.
En Formosa, a veces, no es la política la que invade la justicia. A veces es la justicia la que decide meterse en política.
