La fiscal Zabala y la defensa sin fisuras de una cláusula hecha a medida del único beneficiario

Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
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Stella Maris Zabala, la voz jurídica del insfranismo, justificando la cláusula hecha a medida del gobernador.

La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, salió a respaldar la cláusula transitoria que habilita —otra vez— a Gildo Insfrán a presentarse como candidato, y lo hizo con la predecible mezcla de solemnidad, obediencia política y lecturas jurídicas a la carta que suele caracterizar a las defensas del poder provincial. Como en cada crisis institucional de Formosa, el libreto es el mismo: victimizarse, acusar filtraciones, citar nombres rimbombantes y repetir que “todo es constitucional”, aunque la Corte Suprema ya haya dicho lo contrario.

Desde el arranque, Zabala reivindicó “en total acuerdo” las declaraciones de Carlos Rodolfo Barra —un exministro de la Corte que dejó la función hace 20 años y cuya autoridad intelectual es invocada selectivamente según convenga— para avalar la cláusula que la propia Corte declaró inconstitucional en 2024. Y lo hizo sin mencionar el dato central: el beneficiario exclusivo de la transitoria es el mismo dirigente que gobierna la provincia desde 1995.

La reinterpretación de Menem para justificar a Insfrán

La fiscal repite la comparación favorita del oficialismo: que la cláusula transitoria es una “copia” del artículo 90 de la Constitución Nacional que habilitó la reelección de Menem en 1995. Omite, claro, que aquella reforma fue votada por una convención plural, que no habilitó reelección indefinida, y que no buscó disfrazar como “primer mandato” el octavo de un gobernador con 38 años consecutivos de cargos públicos.

La lectura selectiva también ignora que la Corte Suprema ya sostuvo que Formosa no puede manipular su Constitución para eternizar a un dirigente. Pero en el relato provincial, la historia siempre empieza donde les conviene.

“Indefinido no existe más”: decir sin demostrar

Zabala afirma que “la interpretación del mandato indefinido no existe más”, como si una frase de prensa pusiera fin a un problema que arrastra décadas. La objeción central de la Corte —la violación a la alternancia republicana— permanece intacta: la cláusula transitoria reabre la puerta a Insfrán por novena vez. Cambiaron la redacción, no la lógica del poder perpetuo.

La escenografía del escándalo: la filtración del dictamen
La fiscal también expresó su “sorpresa sobremanera” por la difusión del dictamen del procurador Eduardo Casal antes de su publicación formal. El oficialismo formoseño —que ha hecho del manejo opaco de la información pública un estilo de gobierno— ahora se indigna por la falta de “reserva” de la Corte. Zabala parece más preocupada por la filtración que por el contenido del dictamen, que reconoce la competencia del máximo tribunal para revisar la maniobra constitucional que habilita a Insfrán.

En un intento por bajar la tensión, Zabala recordó que el proceso “es largo” y que aún falta un extenso recorrido. Traducido al idioma político de Formosa: ganar tiempo, enfriar la opinión pública y sostener el relato de que todo está bajo control. Es la misma estrategia que acompañó cada fallo adverso de los últimos años.En síntesis
Zabala habla de constitucionalidad, pero evita el punto central: la cláusula beneficia exclusivamente a Gildo Insfrán. Habla de reservas filtradas, pero calla los antecedentes que limitan al gobernador. Habla de legalidad ambiental, pero no menciona el uso político del expediente.

El Gobierno provincial se aferra a la transitoria como a un salvavidas jurídico para sostener la continuidad de siempre. Mientras tanto, la Corte Suprema tiene sobre la mesa un déjà vu institucional: decidir si Formosa puede seguir actuando como si la alternancia no fuera un principio, sino una molestia.

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