Nombran en Clorinda a una jueza sin antecedentes mientras estallan las denuncias por redes estatales de apropiación de menores

En Formosa, la infancia funciona como un territorio sin ley. O mejor dicho: bajo la ley del poder.

Hoy por la tarde en la legislatura provincial, volveran a imponer por la mayoría, el nombramiento en Clorinda de una magistrada (sin los antecedentes suficientes) en el fuero de menores en un municipio de frontera caliente.

Mientras la provincia intenta tapar el incendio de los escandalos sucedidos en los últimos tiempos, con niños adolescentes, con un nombramiento exprés en un juzgado clave, las denuncias que rodean al fuero de Menores revelan algo más que un desorden institucional: muestran un sistema que necesita jueces funcionales para sostener una máquina que hace décadas opera en silencio.

La diputada Gabriela Neme puede gustar o no. Puede generar adhesiones o antipatías. Lo que no se puede negar es que viene describiendo, con nombres propios, algo que en Formosa se siente desde hace años: que el Estado no solo falla en proteger a los chicos más vulnerables; a veces se convierte en su principal verdugo.

Una frontera caliente y un juzgado codiciado

Clorinda no es un municipio cualquiera. Es frontera viva, porosa, atravesada por economías ilegales, redes de trata, contrabando pesado, delitos transnacionales y organizaciones que se mueven con una libertad que solo se explica con complicidades. En ese escenario, el Juzgado de Menores es un botón de pánico permanente: allí estallan los casos que la política quiere mantener bajo control porque revelan la pobreza estructural, los abusos no investigados, los chicos desaparecidos del radar estatal y las internas de un sistema que se hunde.

No sorprende entonces que la terna para cubrir ese cargo haya sido apresurada y direccionada, según denuncian desde adentro del propio Poder Judicial. 

La candidata que quieren imponer, Nadia Caballero, no llega por mérito sino por aparentes padrinazgos: la jueza civil Zunilda Gaona, prima del gobernador Insfrán, y la jueza Mariela Portales, hermana de un juez laboral y parte de la seudo familia judicial de Clorinda, habrían operado para su inclusión y coronación. Nada nuevo bajo el sol, según los abogados del fuero local, ocurriría lo mismo en el fuero penal de esa ciudad.

“Necesitan una jueza que no deje en evidencia la falta de infraestructura, la falta de personal, la falta de todo. Y que sea fusible cuando pase lo que va a pasar". Manifiestan desde el propio Poder Judicial.

Porque va a pasar. Lo saben. En una frontera caliente, sin recursos reales y con un Estado siempre mirando hacia otro lado, los casos de menores son bombas con la mecha encendida. El poder no quiere a alguien que investigue, que documente, que abra expedientes incómodos. Quiere a alguien que firme y calle.

Un juez caído en desgracia… pero no tanto

Mientras tanto, en la misma ciudad, alguien que también sigue jugando en el tablero de la fronteriza localidad, el juez Julio Raúl Mauriño enfrenta un jury de enjuiciamiento por violencia laboral, desaparición de armas bajo custodia y una cadena de irregularidades que serían escándalo nacional en cualquier otra provincia. Sin embargo, habría estado tramitando “elegantemente” su jubilación para asegurarse ingresos antes de una eventual destitución.

El gildismo ya le soltó la mano.

Pero hasta en su caída, la maquinaria lo protege. El mensaje es claro: en Formosa nadie cae del sistema, simplemente cambia de silla.

Los chicos como objetos del Estado

En paralelo, la diputada Neme viene denunciando algo aún más grave: una red estatal de apropiación, encubrimiento y manipulación de menores pobres, sostenida —según su testimonio— por funcionarios, psicólogos, directores de instituciones y hasta jueces del fuero.

Los casos estremecen:

– Bebés arrebatados a madres pobres mientras están internadas.
– Hermanas trasladadas ilegalmente y denunciando haber sido drogadas.
– Niños retenidos durante meses sin explicación clara.
– Abusos denunciados y jamás investigados.
– Centros como “Libella”, donde un psicólogo acusado por jóvenes vulnerables sigue recibiendo derivaciones del Estado.
– Abuelas golpeando puertas que nadie abre.
– Expedientes que duermen porque despiertos serían dinamita.

Neme lo llama “asociación ilícita”. Otros lo llaman “estado feudal”.
En cualquier caso, es un sistema que opera sobre los cuerpos de los pobres, especialmente niños y adolescentes, con una impunidad que solo se explica por la subordinación total del Poder Judicial al Ejecutivo.

La justicia como engranaje, no como poder

El Consejo de la Magistratura provincial, ese organismo que debería garantizar transparencia y mérito, aparece otra vez como una escribanía: arma ternas, las acomoda, las aprueba y las manda al Legislativo para que levanten la mano en automático. Volverá a ocurrir hoy en la Legislatura, nombraran a quien menos antecedentes tiene en la terna de propuestos. Lo denunciará la diputada, Gabriela Neme y también la diputada, Agostina Villaggi, quien algo había anticipado cuando tuvo el expediente en mano. Pero inexorablemente, Nadia Caballero sería nombrada juez de menores en Clorinda.

Una provincia donde los parientes del gobernador deciden jueces, donde los jueces operan como escudos políticos, donde los fueros sensibles se cubren con nombres dóciles, y donde quien denuncia termina imputado por calumnias, difícilmente pueda hablar de Estado de derecho sin ruborizarse.

Y sin embargo, acá estamos.
Con una nueva jueza de Menores a punto de ser designada en una de las ciudades más calientes de la Argentina, no por su idoneidad sino por su utilidad.

Si lo que dice Neme es cierto —y muchos expedientes sugieren que al menos parte lo es—, Formosa enfrenta una emergencia moral e institucional donde los chicos más pobres son rehenes de decisiones políticas, intereses familiares y la desidia judicial.

Si no lo es, el gobierno tiene un camino simple:
abrir los expedientes
mostrar los protocolos
exhibir las actuaciones
y poner luz donde se acumulan sospechas.

El poder no lo hace.
No responde.
No desmiente.
No demuestra.
Solo persigue a quien lo acusa.

Ese silencio, ese pacto de familia, ese apuro por nombrar jueces funcionales, es la verdadera confesión del sistema.

Mientras tanto, en Clorinda y en toda la provincia, siguen desapareciendo chicos del radar. Siguen creciendo los expedientes sin resolver. Siguen explotando historias que nadie quiere leer.

La pregunta no es “qué va a pasar cuando ocurra otra tragedia”.
La pregunta es cuántas ya ocurrieron mientras el sistema miraba para otro lado.