leonardo fernández acostaLa crisis de salud mental en la Argentina no solo crece: empieza a mostrar sus consecuencias más crudas en las decisiones que toman los jóvenes. Y en ese punto, Formosa ofrece una escena que debería alarmar tanto como cualquier estadística.
Mientras los datos oficiales indican que la provincia pasó de 13,8 a 16,4 suicidios cada 100.000 habitantes en apenas un año, otro fenómeno avanza en paralelo: una fuerte demanda juvenil para ingresar al servicio militar voluntario y el éxodo de jóvenes de la provincia.
Según un portal local, más de 400 jóvenes formoseños ya se inscribieron y muchos incluso terminan siendo enviados a otras provincias por falta de cupos locales. No es un dato aislado. Es un síntoma.
Porque cuando cientos de jóvenes ven en el Ejército una de las pocas salidas posibles, laboral, económica o incluso emocional, lo que aparece no es solo vocación: aparece la ausencia de alternativas. Y ahí es donde la crisis de salud mental conecta directamente con el modelo social.
En Entre Ríos, los jóvenes empujan proyectos para declarar la emergencia en salud mental. En Formosa, en cambio, los jóvenes hacen fila para enlistarse. No es lo mismo.
El crecimiento de la demanda para el servicio militar puede leerse desde múltiples ángulos: disciplina, salida laboral, formación. Pero en el contexto actual, también puede interpretarse como una respuesta social a la falta de contención. Una forma de escapar, aunque sea temporalmente, de un entorno donde escasean las oportunidades, el acompañamiento psicológico y las perspectivas de futuro.
La propia lógica del sistema lo confirma: muchos aspirantes del interior provincial no encuentran lugar en su propia provincia y deben migrar a otras unidades del país.
Es decir, ni siquiera esa salida alcanza para todos.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el suicidio es multicausal. Pero hay algo que se repite en todos los escenarios críticos: la falta de redes de contención reales. Y en Formosa, esa red parece cada vez más débil.
Porque mientras aumentan los indicadores de angustia, consumo y violencia en jóvenes, la respuesta estatal sigue siendo difusa. No hay una política integral de salud mental visible. No hay campañas sostenidas. No hay una narrativa pública que reconozca la magnitud del problema.
Lo que sí hay es otra cosa: una canalización de la demanda juvenil hacia estructuras como el Ejército, que funcionan, en muchos casos, como sustituto de oportunidades que el propio Estado no está generando por otras vías.
La preguntas incómodas son inevitables: ¿cuántos de esos jóvenes eligen y cuántos simplemente no tienen otra opción?¿Donde está el IAPA?¿Salud mental de la provincia?¿algún organismo del gobierno que cambie este desastre?
Formosa no es ajena a la crisis nacional de salud mental. Los números lo demuestran. Pero lo que la vuelve particularmente preocupante es esta combinación: aumento sostenido de suicidios + falta de políticas visibles + migración de jóvenes hacia salidas institucionales rígidas.
No es casualidad. Es consecuencia. Y mientras en otras provincias el problema empieza a discutirse, en Formosa se sigue administrando en silencio o derivando. Pero ni el silencio ni la derivación resuelven una crisis que ya está golpeando en la puerta de toda una generación.
