Gotas del rocío: cuando la marea baja deja al descubierto quienes nadaban y quienes no

Hay historias que, leídas por separado, pueden parecer anécdotas. Pero cuando se superponen, revelan un patrón. Y en Formosa, el patrón ya no se disimula: cruje.

Por un lado, el Estado provincial denuncia  el ajuste del gobierno nacional. Los números son contundentes: entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia perdió $1.776.000 por habitante en transferencias totales. Solo en coparticipación, el recorte alcanza los $891.000 por persona. En términos globales, el país recortó $36 billones a las provincias. Es un golpe seco, estructural, que achica márgenes y tensiona cualquier administración.

Pero hay otra historia, menos declamada y más incómoda.

Mientras el discurso oficial señala hacia afuera, hacia la Casa Rosada, puertas adentro empiezan a aparecer señales de fatiga en el corazón mismo del sistema político provincial. No en la periferia. En el núcleo.

El caso de Armando Cabrera no es menor ni aislado. Es paradigmático. Treinta años en una banca, presidente provisional de la Legislatura, hombre orgánico del poder desde 1995. Y, sin embargo, con 13 cheques rechazados por más de $65 millones en apenas días, y un endeudamiento superior a los $241 millones en el sistema financiero. Todo esto, paradójicamente, en “situación normal” ante el BCRA.

Cabrera es, en la política formoseña, mucho más que un diputado. Es parte constitutiva del aparato gildista: legislador desde los primeros años de la era Insfrán, reelecto ciclo tras ciclo, y actualmente investido con la presidencia provisional de la Cámara baja provincial, cargo que lo coloca en la línea de sucesión institucional del Ejecutivo provincial.

Su trayectoria ilustra con claridad el modelo de acumulación política que caracteriza al peronismo formoseño: la permanencia indefinida en el Estado como forma de reproducción de poder, al margen de los resultados de gestión o de la situación patrimonial de quienes lo ejercen.

La pregunta no es solo contable. Es política.

¿Cómo se explica que un dirigente que forma parte de la arquitectura de poder más estable del país acumule semejante nivel de tensión financiera? ¿Error, desprolijidad, o síntoma?

Porque si fuera un caso aislado, podría archivarse en la categoría de lo personal. Pero cuando se cruzan estos datos con la caída de recursos nacionales, el cuadro cambia. Empieza a insinuarse otra hipótesis: la de un modelo que, ante la retracción de fondos, comienza a mostrar fisuras incluso en sus actores más protegidos.

Y ahí aparece un dato que agrava el cuadro: la pata empresarial.

En los registros figura vinculada la firma GOTAS DEL ROCIO S.A., asociada al propio Cabrera. No es un detalle menor: cuatro de los trece cheques rechazados por unos $22 millones, provienen de esa sociedad. Montos similares, fechas concentradas, misma lógica: pago de multas, pero no cancelación del capital.

Es decir, no estamos frente a un tropiezo aislado, sino ante un comportamiento financiero repetido tanto en lo personal como en lo empresarial.

Eso cambia todo.

Porque en provincias donde el Estado es el gran ordenador de la economía, las empresas vinculadas al poder no funcionan en el vacío. Crecen, se sostienen y operan en relación directa con el flujo de fondos públicos. Cuando ese flujo se reduce, el impacto no tarda en aparecer.

Las empresas dejan de cobrar a tiempo, los compromisos se patean, los cheques rebotan.

No es un accidente. Es un síntoma.

Durante años, el esquema formoseño funcionó con una lógica clara: abundancia relativa de recursos públicos, centralización política extrema y un entramado de empresas, contratistas y dirigentes cuya supervivencia dependía directa o indirectamente de ese circuito.

Cuando ese circuito se contrae, lo que aparece no es solo un problema fiscal. Aparece un problema estructural.

El caso de GOTAS DEL ROCIO S.A. funciona, en ese sentido, como un indicador temprano. Un termómetro que empieza a marcar fiebre dentro del propio ecosistema del poder.

Y ahí es donde el discurso oficial empieza a quedarse corto.

Sí, hay ajuste nacional. Sí, hay caída de recursos. Pero también hay un modelo provincial que nunca se preparó para un escenario de escasez. Que no diversificó, que no transparentó, que no generó autonomía económica real. Y que ahora, cuando la marea baja, deja al descubierto quiénes estaban nadando y quiénes no.

El dato más inquietante no son los $65 millones en cheques rechazados. Ni siquiera los $241 millones de deuda. Es que uno de los hombres más representativos del sistema y una empresa vinculada a él empiecen a mostrar señales de estrés financiero al mismo tiempo.

Porque cuando eso pasa en la cúpula, lo que viene abajo no es ajuste: es derrame pero al revés. Y en Formosa, ese proceso parece haber empezado.