leonardo fernández acostaLa noticia fue presentada como un avance institucional: el Gobierno provincial reabrió el plazo para que los agentes estatales que incumplieron con la presentación de la Declaración Jurada 2026 puedan regularizar su situación. Incluso se recordó que hubo apercibimientos y sanciones para quienes no cumplieron con esa obligación.
El mensaje oficial es claro: el empleado público debe rendir cuentas.
La pregunta incómoda también debería ser clara: ¿cuándo va a presentar públicamente su declaración jurada el gobernador Gildo Insfrán? No la de este año. No la del anterior. La de los últimos treinta años. Porque si el Estado considera que un administrativo, un enfermero, un empleado de mantenimiento o un profesional de la administración pública deben informar su patrimonio, sus bienes y sus actividades, resulta imposible explicar por qué esa misma obligación de transparencia no alcanza, con igual intensidad, a quienes administran miles de millones de pesos del presupuesto provincial.
La doble vara resulta obscena.
El Gobierno les dice a los empleados que deben "crear el hábito" de presentar la declaración jurada. Una frase que sería impecable si quienes la pronuncian fueran los primeros en practicarla.
Pero ocurre exactamente lo contrario.
Después de tres décadas de poder ininterrumpido, los formoseños desconocen oficialmente cuál fue la evolución patrimonial del gobernador, de sus ministros, de los secretarios de Estado y de buena parte de los legisladores provinciales.
Paradójicamente, quienes toman decisiones sobre contrataciones, licitaciones, obras públicas, compras millonarias, concesiones y manejo de fondos públicos son los únicos que parecen vivir al margen del principio de publicidad que les exigen a los empleados de menor jerarquía.
La transparencia no puede ser un trámite para el último eslabón de la cadena administrativa mientras la cúpula política permanece protegida por un manto de opacidad.
Si un agente público puede ser apercibido por no completar un formulario, ¿qué sanción corresponde para un sistema político que lleva décadas sin ofrecer una verdadera rendición pública de su patrimonio?
El problema ya no es jurídico.
Es moral.
Porque la confianza en las instituciones no se construye castigando únicamente a los de abajo mientras los de arriba permanecen inmunes al escrutinio ciudadano.
La transparencia empieza por quien firma los decretos, no por quien los recibe.
Sería un gesto histórico que Gildo Insfrán decidiera publicar una declaración jurada completa, verificable y accesible para todos los ciudadanos. También deberían hacerlo sus ministros, secretarios, diputados provinciales, senadores, intendentes y todos aquellos que administran recursos públicos.
No porque lo exija la oposición. No porque lo reclame la prensa. Sino porque el dinero que administran no les pertenece. Pertenece a los contribuyentes.
Mientras eso no ocurra, cada vez que el Gobierno hable de transparencia administrativa quedará flotando una sensación inevitable de hipocresía institucional.
En Formosa parece existir una curiosa regla no escrita: las declaraciones juradas son obligatorias para quienes obedecen, pero optativas para quienes gobiernan.
