"Firmá o quedás marcado": la ficción del apoyo al modelo y el repudio a la intervención federal

Ahora, una nota comienza a circular de manera extorsiva entre docentes; mañana, el mismo mecanismo podría replicarse en la policía y en el sistema de salud, ampliando una lógica de presión que convierte la adhesión en obligación y el silencio en condición de supervivencia. No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica que se expande sobre sectores cada vez más amplios del Estado, donde opinar distinto deja de ser un derecho para convertirse en un riesgo. Y así, bajo la apariencia de respaldo institucional, se consolida un sistema que premia la obediencia y castiga cualquier gesto de autonomía.
Locales28/04/2026leonardo fernández acostaleonardo fernández acosta

Hay algo más obsceno que un comunicado oficialista disfrazado de épica institucional: cuando además viene con firma inducida. Cuando no alcanza con redactarlo desde arriba, sino que hay que bajarlo a las escuelas para que circule como una suerte de contrato moral obligatorio. Eso ya no es militancia: es disciplinamiento.

El texto de “Docentes del Modelo Formoseño” no es una expresión espontánea del sector educativo. Es, en el mejor de los casos, una pieza de propaganda. Y en el peor y más realista, una herramienta de presión. Porque cuando ese papel llega a manos de docentes suplentes, precarizados o dependientes del visto bueno administrativo para sostener su trabajo, la “adhesión” deja de ser una opción. Se convierte en un acto condicionado.

El mensaje es claro, aunque nadie lo diga en voz alta: firmá, o quedás marcado.

El problema no es solamente el contenido, es decir la defensa cerrada del gobernador Gildo Insfrán y el rechazo automático al proyecto del senador Francisco Paoltroni sino el mecanismo. La política convertida en cadena de obediencia. La institucionalidad invocada como excusa para exigir alineamiento. La democracia utilizada como escudo mientras, en la práctica, se la vacía de contenido.

Porque si algo define a una democracia real no es la repetición de consignas sobre la “voluntad popular”, sino la posibilidad concreta de disentir sin consecuencias. Y eso, en este caso, no está garantizado.

El comunicado habla de “defender las instituciones” y “la paz social”. Pero en los pasillos de las escuelas lo que circula no es paz: es miedo. Miedo a no firmar. Miedo a quedar afuera de la próxima designación. Miedo a que la estabilidad aunque precaria, se transforme en castigo.

Se construye así una ficción de unanimidad. Una puesta en escena donde todos parecen apoyar, pero muchos lo hacen por supervivencia. Y ese es el corazón del problema: cuando el Estado, en lugar de garantizar derechos, administra lealtades.

El “modelo formoseño”, tan invocado en el documento, muestra en estos gestos su cara más cruda: una red donde lo público y lo político se confunden, donde las estructuras del Estado funcionan como extensiones del poder, y donde el ciudadano en este caso, el docente, deja de ser sujeto de derechos para convertirse en engranaje de validación.

No hay mérito en reunir firmas bajo presión. No hay legitimidad en un respaldo construido desde la dependencia. Y no hay épica en obligar a otros a decir lo que uno quiere escuchar.

La verdadera pregunta no es quién firma ese comunicado. La pregunta es quién puede permitirse no hacerlo. Y en esa respuesta se mide, sin maquillaje, la calidad democrática de un sistema.

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