leonardo fernández acostaEl reconocido constitucionalista Antonio María Hernández cuestionó con dureza al Superior Tribunal de Justicia de Formosa por rechazar el reclamo de la Municipalidad de Las Lomitas contra la Provincia por la retención de fondos de coparticipación.
“Ha sido lamentable el fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial. Los argumentos de los ministros son una verdadera vergüenza jurídica”, disparó Hernández, quien representa legalmente al municipio lomitense en la causa.
El abogado sostuvo que el caso expone un problema estructural en la provincia: “Es muy grave lo que pasa en Formosa. Revela lo que ya sabemos: una provincia con muy baja calidad institucional, donde no se actúa con la Constitución en la mano. Son las consecuencias de tantos años de continuidad en el poder”.
Además, denunció demoras deliberadas en el tratamiento del expediente: “La causa pasó a la Procuración, pero todavía no sabemos cómo sigue porque está siendo cajoneada por el Procurador General Sergio Rolando López. Presentamos un pedido de pronto despacho y tampoco hubo respuestas”.
Hernández es considerado uno de los constitucionalistas más importantes del país. Fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, docente universitario y autor de numerosas obras vinculadas al federalismo y la autonomía municipal.
El jurista advirtió que el conflicto trasciende la discusión económica y pone en evidencia la falta de independencia judicial en la provincia.
“Esto nos lleva a un tema muy delicado: la ausencia de independencia del Poder Judicial en Formosa. Los tribunales superiores terminan votando siempre a favor del Gobierno provincial y desconociendo la autonomía municipal”, afirmó.
Pese al revés judicial, confirmó que el municipio continuará la pelea en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Esperamos que el Procurador cumpla con su función. Vamos a ir en queja ante la Corte Suprema y vamos a seguir esta lucha porque tanto la Constitución Nacional como la Constitución de Formosa amparan nuestros derechos”, aseguró.
Hernández explicó que el reclamo se basa en el incumplimiento de la Ley Provincial N° 766, que obliga a actualizar los índices de coparticipación cada vez que cambian los datos poblacionales tras un censo nacional.
“La ley es clarísima. Cuando se modifica la cantidad de habitantes, deben actualizarse los índices de distribución de fondos. Pero el Gobierno provincial se niega a hacerlo para perjudicar a Las Lomitas”, denunció.
Según detalló, la situación se agravó pese a la realización de tres censos nacionales consecutivos —2001, 2010 y 2022— sin que la Provincia corrigiera los porcentajes de reparto.
“Las Lomitas pasó de tener 12 mil habitantes en 1988 a más de 22 mil en 2026, pero sigue recibiendo fondos como si continuara siendo un pequeño pueblo”, señaló.
De acuerdo con el planteo judicial, esa desactualización implica una retención cercana a los 300 millones de pesos mensuales que, según el municipio, pertenecen a los vecinos de la localidad.
Para reforzar su posición, Hernández recordó un antecedente favorable ante la Corte Suprema: el caso de la Municipalidad de La Banda contra la Provincia de Santiago del Estero.
“En aquella causa demostramos cómo se discriminaba al municipio por no actualizar la coparticipación pese al crecimiento poblacional y obtuvimos un fallo favorable de la Corte Suprema en 2018”, concluyó.
