La marcha de los silencios de Ni nuna Menos: Xiomara Portillo fuera de las consignas, Insfrán fuera de las críticas

Cada 3 de junio debería ser una fecha incómoda para quienes gobiernan. Una jornada para revisar estadísticas, evaluar políticas públicas, escuchar reclamos y reconocer errores. Una fecha para preguntarse por qué siguen muriendo mujeres, por qué muchas denuncias llegan tarde, por qué las víctimas siguen encontrando obstáculos en instituciones que deberían protegerlas.

Sin embargo, en Formosa ocurre algo extraño. La marcha de Ni Una Menos parece haber dejado de interpelar al poder para convertirse en una expresión funcional al poder.

La contradicción quedó expuesta una vez más. Mientras cientos de personas marchaban bajo consignas vinculadas a la violencia de género, el reclamo evitó cuidadosamente apuntar hacia quienes administran desde hace décadas las políticas públicas de la provincia. No hubo cuestionamientos visibles a las estructuras estatales responsables de la prevención, la asistencia o la protección de las víctimas. Tampoco aparecieron exigencias concretas sobre presupuestos, funcionamiento institucional o resultados.

La pregunta resulta inevitable: si Formosa exhibe indicadores preocupantes en materia de violencia contra las mujeres nadie reclamó a las autoridades provinciales. Porque las políticas de género no las diseña el Gobierno nacional desde Buenos Aires para la realidad cotidiana de los barrios formoseños. Las ejecutan organismos provinciales, funcionarios provinciales y estructuras estatales que llevan años administrando recursos y programas destinados precisamente a enfrentar esta problemática.

Por eso llama la atención que la protesta encuentre responsables en todas partes menos en el lugar donde se toman las decisiones locales.

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observan los silencios.

Toda movilización social tiene símbolos. Toda marcha elige qué mostrar y qué callar. Y en Formosa hubo una ausencia imposible de ignorar: el caso de Xiomara Portillo.

Más allá de las distintas interpretaciones sobre la causa judicial, las responsabilidades o el estado de la investigación, resulta difícil comprender por qué uno de los hechos más conmocionantes vinculados a la violencia contra una mujer en la provincia quedó prácticamente invisibilizado dentro de una marcha que justamente buscaba denunciar esa violencia.

La ausencia de carteles, consignas o referencias al caso alimenta una sospecha que deteriora la credibilidad del reclamo: la sensación de que existen víctimas de primera y víctimas de segunda categoría.

Cuando una causa depende de afinidades políticas para recibir acompañamiento público, deja de ser una causa de derechos y se convierte en una herramienta partidaria. Ese es el riesgo más grande que enfrenta Ni Una Menos en Formosa.

No porque la lucha contra la violencia de género haya perdido vigencia. Todo lo contrario. Sigue siendo una demanda urgente y necesaria. Pero una causa noble se debilita cuando quienes la representan parecen más preocupados por proteger relatos políticos que por cuestionar las estructuras que fracasan.

Los gobiernos pasan. Las víctimas quedan.

Y después de tres décadas de una misma administración provincial, resulta imposible sostener que los problemas actuales son responsabilidad exclusiva de otros. Si las mujeres siguen denunciando falta de protección, si los organismos especializados funcionan con limitaciones, si existen causas que generan desconfianza pública, entonces el debate debe incluir necesariamente a quienes gobiernan.

Una marcha que no interpela al poder termina siendo una ceremonia. Una marcha que selecciona qué víctimas merecen visibilidad y cuáles no, pierde autoridad moral.

Y una marcha que transforma una demanda social en propaganda partidaria corre el riesgo de vaciar de contenido una de las consignas más importantes de la Argentina contemporánea. Porque Ni Una Menos nació para exigir justicia. No para administrar silencios.