Basualdo denunció un avance del poder provincial sobre su campo: acusa al Gobierno de romper candados e imponer ocupantes

El diputado nacional Atilio Basualdo denunció un presunto ingreso irregular a un establecimiento rural de Las Lomitas, donde su familia desarrolla actividades ganaderas desde hace más de dos décadas. Según relató en una entrevista con Radio Uno, personal del Instituto de Tierras y efectivos de la Policía de Formosa habrían ingresado al predio, violentado candados y portones e instalado a personas ajenas al establecimiento.

El campo, de aproximadamente 200 hectáreas, comprende tierras privadas y fiscales. Basualdo aseguró que se encontraba en Buenos Aires cuando tomó conocimiento de lo ocurrido y afirmó que no recibió ninguna notificación previa sobre el procedimiento. La situación, según manifestó, genera preocupación por el estado de los animales y la integridad de la infraestructura productiva, que incluye potreros, alambrados, aguadas y tinglados. También denunció que el casero del establecimiento habría sido increpado durante el episodio.

Ante estos hechos, el legislador sostuvo que recurrió a Gendarmería Nacional para formalizar la denuncia y reclamó la intervención de la Justicia Federal para esclarecer lo sucedido. “Aspiro a que la Justicia tome el caso, la Justicia Federal tome el caso para ver y transparentar esta situación”, expresó, al cuestionar el accionar de los organismos provinciales involucrados.

Basualdo vinculó el episodio con sus diferencias políticas con el gobernador Gildo Insfrán y volvió a poner en discusión la administración de las tierras fiscales en Formosa. En ese sentido, advirtió sobre la situación de los productores que desarrollan actividades agropecuarias sin contar con títulos definitivos de propiedad, una problemática que expone la conflictividad en torno a la tenencia y adjudicación de tierras en la provincia.

Por el momento, los hechos y las acusaciones se conocen a partir de la versión brindada por el diputado nacional en la entrevista radial. No se cuenta con una respuesta oficial de los organismos señalados ni con información sobre una resolución judicial que permita establecer las circunstancias y responsabilidades del caso.