leonardo fernández acostaY cuando dentro de un ministerio comienzan a convivir denuncias de falta de insumos, reclamos de trabajadores, sanciones a médicos y compras que generan cuestionamientos internos, la discusión deja de ser política para convertirse en una cuestión de gestión.
Durante los primeros meses de la administración de Juan Carlos Atencia al frente del Ministerio de Desarrollo Humano, distintos sectores del sistema sanitario comenzaron a expresar preocupación por decisiones que consideran alejadas de los problemas cotidianos que enfrentan hospitales y centros de salud.
Uno de los cuestionamientos más repetidos tiene que ver con la suspensión por tres días, sin goce de haberes, de más de treinta médicos y tambien enfermeros por incumplimientos vinculados a la presentación de declaraciones de cargos. Para quienes trabajan dentro del sistema, la medida fue interpretada como una señal de endurecimiento administrativo en un contexto donde persisten problemas mucho más urgentes.
Esta decisión no tiene nada que ver con poner las energías en resolver los problemas sanitarios o en reforzar los mecanismos burocráticos de control. Al mismo tiempo, trabajadores del ministerio cuestionan decisiones de gasto que consideran difíciles de justificar frente a las necesidades existentes.
Entre ellas aparecen compras de camperas destinadas a personal de servicios generales cuyos valores, según fuentes internas, habrían rondado los 160 mil pesos por unidad. También se mencionan adquisiciones de mobiliario para oficinas de funcionarios incorporados recientemente a la estructura ministerial que habrían sido encargados por el flamante asesor del ministro Atencia, el ex jugador de voley, Luis Lukach con rango de aparente subsecretario.
Naturalmente, toda dependencia pública necesita equipamiento e indumentaria para su personal. El problema no es la existencia de las compras. El problema es el contexto en el que se realizan. Porque mientras esas adquisiciones avanzaban, trabajadores sanitarios seguían reclamando insumos para distintas prestaciones médicas y señalando dificultades operativas en áreas sensibles del sistema. Faltan insumos en los hospitales.
Las dudas se profundizan porque la empresa señalada por fuentes internas como proveedora de parte de esas compras sería KAILAS SRL, una firma local cuya socia gerente es Norma Ríos, empresaria con participación institucional como vicepresidenta de CAMEFOR e integrante de la conducción de CGERA y gran simpatizante del modelo formoseño.
Nada de ello constituye por sí mismo una irregularidad. Pero precisamente por tratarse de recursos públicos, corresponde que toda contratación sea absolutamente transparente y accesible al escrutinio ciudadano. Vale decir que una campera adquirida en el centro de la ciudad ronda los 60 mil pesos, en el mercadito paraguayo 30 mil pesos y en el Circuito 15 mil pesos, lejos de los 160 mil pesos.
Cargo y vivienda Express
Son preguntas razonables cuando se administran fondos públicos y a estas inquietudes se suman cuestionamientos internos sobre algunos nombramientos realizados durante la nueva gestión. Funcionarios como el subsecretario de Medicina Sanitaria, Marcelo Alejandro Cañete de profesión bioquímico en un cargo específico de profesionales médicos.
Cañete no solo fue beneficiado con un cargo que le queda grande sino que también fue beneficiado con el Comodato de una vivienda en el Barrio Nueva Formosa, con la venia del administrador del IPV, Marcelo Uguelli, mientras miles de formoseños esperan por años los sorteos que se han anunciado como inminentes solo para la tribuna mientras que se estima no se realizarán este año y si en el 2027, año electoral.
Kermese de cargos
El director de Legal y Técnica, Mauricio Marías Cavalieri; el subsecretario Carlos Aníbal Rodríguez y otros integrantes de áreas administrativas y financieras como Leandro Greco, Sebastián Lemos, Néstor Romero y Gerardo Vía aparecen frecuentemente mencionados en conversaciones de trabajadores que reclaman mayor transparencia respecto de los criterios utilizados para las designaciones.
Trabajadores del sector señalan que determinadas responsabilidades que históricamente estuvieron bajo conducción médica hoy son ejercidas por licenciadas en enfermería, como estaría ocurriendo en la coordinación de1 y 2 nivel en los centros de salud.
En el Hospital Interdistrital Evita, el personal vive momentos de incertidumbre debido a un acomodamiento de la nueva directora, Dra. Paula Ramírez. A ciencia cierta no saben si está tratando de acomodarse a la oficina o no sabe como manejar un establecimiento de estas dimensiones.
La discusión no debería centrarse en las personas sino en los resultados. Porque mientras dentro de las oficinas se discuten estructuras, cargos y reorganizaciones administrativas, afuera siguen esperando los pacientes. Siguen esperando quienes necesitan una derivación. Siguen esperando quienes recorren kilómetros para llegar a un centro de salud. Siguen esperando quienes dependen exclusivamente del sistema público para recibir atención.
Resulta indispensable que cada peso invertido tenga una justificación clara y que cada decisión administrativa responda a una prioridad sanitaria concreta, porque cuando faltan insumos, cuando los trabajadores denuncian carencias y cuando los pacientes continúan enfrentando dificultades para acceder a determinadas prestaciones, las compras, las designaciones y las sanciones administrativas dejan de ser cuestiones secundarias.
Se convierten en señales. Y las señales importan. Porque las prioridades de una gestión no se conocen por lo que dice. Se conocen por lo que hace.
Y también por dónde decide gastar el dinero de todos.
