La fiscal militante: cuando la defensora del Estado baja al territorio como puntera VIP

Hay imágenes que valen más que mil discursos. Y hay otras que desnudan, en una sola escena, la verdadera concepción del poder que impera en Formosa.

La fotografía de la fiscal de Estado, Estela Zabala, participando de una actividad política en el barrio Las Tortolitas, entregando camisetas de la selección argentina y packs de asado con cerveza en plena campaña oficialista, pertenece a esta última categoría. No porque una funcionaria pública pierda sus derechos políticos por ocupar un cargo, sino porque no se trata de cualquier funcionaria.

Estela Zabala es la fiscal de Estado de la provincia. Es decir, la máxima representante legal del Estado formoseño. La funcionaria encargada de defender los intereses de la provincia en los litigios judiciales, de representar institucionalmente al Estado ante los tribunales y de actuar con la imparcialidad, prudencia y seriedad que exige una de las responsabilidades más delicadas de la administración pública.

Su función no es hacer campaña. Su función no es repartir regalos. Su función no es militar en los barrios. Su función es defender jurídicamente al Estado.

Por eso la imagen resulta tan impactante. Porque muestra a quien debería encarnar la institucionalidad actuando como una dirigente territorial más del oficialismo. No como la abogada de todos los formoseños, sino como una promotora activa de un espacio político determinado.

La situación adquiere una gravedad adicional porque la Fiscalía de Estado interviene habitualmente en causas donde los intereses del gobierno provincial se confunden con los del partido gobernante. Cuando la misma persona que debe representar jurídicamente al Estado aparece participando de actividades proselitistas, la frontera entre institución y partido termina desapareciendo.

Y cuando desaparece esa frontera, el mensaje es preocupante: el Estado deja de ser de todos para convertirse en patrimonio de un sector político.

La escena de Las Tortolitas no es apenas una anécdota de campaña. Es el síntoma de una forma de ejercer el poder donde los cargos públicos dejan de cumplir la función para la que fueron creados y pasan a integrarse a una estructura de movilización política permanente.

Mientras en las democracias modernas se procura preservar la independencia y la neutralidad institucional de determinados organismos, en Formosa parece ocurrir exactamente lo contrario: cuanto más alto es el cargo, mayor es la exigencia de alineamiento político visible.

En ese difuso límite entre la investidura de la función y su actividad punteril, no hay conexión alguna que pueda  excusarla.

Y esa contradicción no habla solamente de Estela Zabala. Habla del modelo político que gobierna Formosa desde hace décadas. Un sistema donde las instituciones parecen existir menos para controlar al poder que para servirle.

Cuando la máxima defensora jurídica del Estado aparece repartiendo camisetas, asado y cerveza en una actividad partidaria, el problema ya no es una fotografía. El problema es la naturalidad con la que se ha borrado el límite entre gobierno, partido y Estado.

Y cuando esos límites desaparecen, lo que se degrada no es la imagen de una funcionaria. Lo que se degrada es la calidad institucional de toda una provincia.