leonardo fernández acostaEn la administración pública hay dos clases de noticias. Las que anuncian nombres y las que cambian realidades.
La designación de Julieta González al frente de la Unidad de Gestión Local XXIII firmada el 13 de julio de 2026 por el director ejecutivo del organismo, oficializa su nombramiento y le asigna la conducción de la delegación provincial.
La resolución no sólo la designa para desempeñar funciones en la UGL Formosa debido a que el cargo no es un premio político sino una responsabilidad administrativa sometida a controles.
La verdadera discusión no debería centrarse en quién llega, sino en qué llega a hacer pero debido a los nombramientos anteriores cobran relevancia.
Y esto es así porque los afiliados de PAMI en Formosa llevan años esperando respuestas que nunca aparecieron. Esperan conseguir un turno sin recorrer media ciudad. Esperan que un especialista los atienda sin derivaciones eternas. Esperan no enterarse en la farmacia de que un medicamento indispensable no está disponible. Esperan que las prestaciones funcionen sin depender de conflictos administrativos o políticos. En definitiva, esperan que PAMI vuelva a ser un organismo pensado para los jubilados y no para quienes circunstancialmente ocupan sus oficinas.
La propia comunicación política que acompañó la designación de La Libertad Avanza habla de "eficiencia", "transparencia", "recuperar el funcionamiento del organismo" y "priorizar a los afiliados". Son conceptos correctos. Pero la política argentina ha abusado tanto de esas palabras que terminaron perdiendo valor. La única manera de recuperarlo es transformándolas en hechos medibles.
No alcanzará con inaugurar una nueva etapa discursiva. Habrá que demostrar que disminuyen los reclamos, que mejoran las prestaciones, que se normaliza la relación con clínicas y profesionales y que los jubilados dejan de sentir que cada trámite es una carrera de obstáculos. Ese será el verdadero examen de la nueva gestión.
Los cargos públicos no se legitiman por la firma de una resolución ni por el padrinazgo político de quienes impulsan una designación. Se legitiman cuando el ciudadano común percibe que su vida mejora. Y en un organismo tan sensible como PAMI, esa mejora se mide en consultas médicas, medicamentos entregados a tiempo, estudios autorizados sin demoras y atención digna para quienes trabajaron toda una vida.
Julieta González comienza hoy una etapa que genera expectativas y también una enorme responsabilidad. La resolución ya está firmada. Ahora falta lo más difícil: que los jubilados puedan firmar, con su experiencia cotidiana, el certificado de una gestión que realmente haya cambiado las cosas. Porque en PAMI, como en toda institución pública, los nombres pasan. Lo único que permanece es la calidad del servicio que reciben quienes más lo necesitan.
