Grave Denuncia por Mal Desempeño y Juicio Político contra contra el Fiscal de Cámara Dr. Pedro Gustavo Schaffer y tres jueces de la Cámara Civil y Comercial de la provincia

 El 3 de diciembre del año pasado, el Dr. Arístides Norberto Fernández Bedoya, Secretario Federal de la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa y en ese momento aspirante a juez federal, presentó una extensa denuncia ante el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa. El documento, al que este medio ha tenido acceso, solicitó el inicio de un juicio político de remoción contra el Fiscal de Cámara Dr. Pedro Gustavo Schaffer y tres jueces de la Cámara Civil y Comercial de la provincia.

La denuncia se centra en la supuesta intervención del Dr. Schaffer, un fiscal especializado en el fuero penal, en una causa civil de larga data. El denunciante sostiene que el fiscal emitió un dictamen en este caso (fechado el 19 de agosto de 2025) de manera "arbitraria e irregular", violando el principio de imparcialidad y el debido proceso al intervenir en una competencia que no le corresponde.

El Conflicto de Intereses y la Rivalidad por un Cargo

El argumento central de la denuncia es el conflicto de intereses que, según el Dr. Fernández Bedoya, afecta la imparcialidad del fiscal. Se señala que el Dr. Schaffer y el denunciante eran competidores directos en el concurso público N° 360 del Consejo de la Magistratura de la Nación, destinado a cubrir el cargo de Juez Federal de Primera Instancia en Clorinda, Formosa.

El documento detalla el orden de mérito del concurso, donde el Dr. Fernández Bedoya se posicionó en un lugar (4°) inmediatamente superior al Dr. Schaffer (6°), con una diferencia de solo 11,90 puntos. El denunciante califica esta situación fue como una "disputa pelo a pelo" y argumentó que la participación del fiscal en una causa donde él es parte (como heredero) demuestra la existencia de un interés particular y una causal de apartamiento, tipificada en los incisos d) y g) del artículo 60 del Código Procesal Penal de la Nación.

Calificaciones Legales y Acusaciones Penales

La denuncia no se limita al ámbito disciplinario. El Dr. Fernández Bedoya califica la conducta del fiscal como constitutiva de los delitos de prevaricato (art. 269 del CP), abuso de autoridad (art. 248 del CP) y violación de los deberes de funcionario público (art. 249 del CP), todos en concurso ideal (art. 54 del CP). Se sostiene que el fiscal dictó una resolución contraria a la ley expresa (por incompetencia) con el fin de perjudicar a una de las partes, lo que configuraría el delito de prevaricato.

La Implicación de la Cámara Civil y Comercial

La denuncia también se extiende contra los jueces subrogantes de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Formosa, Dres. Horacio Roberto Roglán, Telma Betancur y Vanesa Jenny Wooman. Se les acusa de incurrir en la causal de apartamiento del artículo 59, inciso b) del CPN (al intervenir en la impugnación de su propia decisión) y de violar los principios constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia. La crítica se centra en la declaración de deserción del recurso de apelación presentado por la parte demandada, que el denunciante considera una decisión arbitraria y sin la debida fundamentación.

Petitorio y Alcance de la Denuncia

En su presentación, el Dr. Fernández Bedoya solicita formalmente la tramitación de la denuncia administrativa y penal, la intervención del Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Formosa para promover el juicio político de los magistrados acusados. La notificación a las autoridades del expediente judicial en cuestión y la comunicación a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación sobre el pedido de juicio político.

El documento revela una profunda conflictividad en el ámbito judicial de la provincia de Formosa, enmarcada en lo que fuera una competencia por un cargo clave en el Poder Judicial federal. La denuncia no solo pone en tela de juicio la idoneidad y ética de los magistrados involucrados, sino que también expone una compleja red de relaciones personales y profesionales que, según el denunciante, afectan la transparencia del sistema de justicia.

El proceso de juicio político solicitado muy probablemente sea rechazado pero igual podría tener consecuencias significativas en la opinión pública y abrir un debate sobre los mecanismos de control y selección de magistrados en la provincia. La resolución de esta denuncia será un caso más de prueba que pone en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y su capacidad para autoregularse en situaciones de alta tensión política y personal.