leonardo fernández acosta
Lo de Mónica Rodríguez es un caso que expone cómo una disputa laboral que se inició durante la gestión de Héctor Brizuela, que llegó a la Justicia y que tuvo una resolución provisoria mediante una medida cautelar, terminó convertida en una campaña de difamación contra las actuales autoridades del PAMI en Formosa y dirigentes de La Libertad Avanza.
Rodríguez denuncia que fue despedida mientras atravesaba un tratamiento contra el cáncer y utiliza esa situación personal para señalar a Gabriela Neme, Julieta González y Atilio Basualdo, aunque ninguno de ellos tuvo que ver con el despido original. La cronología es clara y desarma el relato que pretende instalar: el conflicto venía de antes, se discutió en los tribunales y la decisión final de prescindir de sus servicios fue tomada por el organismo desde sus niveles nacionales.
Otro capítulo es la defensa conveniente en su falsas acusaciones de Ramiro Saavedra, libertario de conveniencia, que dentro de las difamaciones que viralizó la usina oficialista, no tenía absolutamente que ver pero capáz después de defenestrar a toda la oposición capáz todavía le queda algún que otro ofrecimiento. O quizá motivadores de esta campaña sucia.
Rodríguez era jefa de la agencia del PAMI en Ingeniero Juárez. Durante la gestión de Héctor Brizuela se produjo el conflicto que terminó con su salida de esa función y, posteriormente, con el pedido de despido. En el medio hubo diferencias con la conducción del organismo, una promesa de traslado a Formosa y, después, una licencia por tratamiento oncológico. Fue durante aquella gestión, no durante la de las actuales autoridades, cuando se puso en marcha el proceso que desembocó en su desvinculación. La intervención de la Justicia llegó después, cuando Rodríguez recurrió a una medida cautelar para sostener su situación laboral mientras se discutía el fondo de la cuestión. Esa protección judicial le permitió mantener su puesto y cobrar sus haberes durante el período correspondiente. Pero una cautelar no convierte a quienes asumieron posteriormente en responsables de las decisiones administrativas que la precedieron.
Cuando esa protección judicial dejó de estar vigente, el PAMI, a través de sus niveles nacionales, decidió prescindir de los servicios de Rodríguez. Esa es la secuencia de los hechos. No fue Gabriela Neme quien inició el procedimiento, no fue Julieta González quien originó el conflicto y no fue Atilio Basualdo quien dispuso el despido. Por lo tanto, señalar a estas personas como responsables de una decisión que no tomaron constituye una tergiversación de los acontecimientos y una operación política que busca fabricar culpables donde no los hay. La discusión sobre los derechos laborales de Rodríguez se desarrolló en el ámbito judicial; la decisión administrativa posterior correspondió al organismo nacional. Pretender borrar esa diferencia es manipular la historia para acomodarla a una estrategia de confrontación política.
Lo más llamativo es el escenario elegido para amplificar la denuncia. Rodríguez salió a recorrer medios gildistas que rápidamente encontraron en su caso una oportunidad para golpear a las autoridades actuales y construir un relato contra quienes representan un espacio político enfrentado al oficialismo provincial. La maquinaria de propaganda del gildismo no necesita demasiadas explicaciones cuando encuentra una situación que puede explotar políticamente: alcanza con seleccionar una parte de la historia, omitir el origen del conflicto y colocar en el centro de la acusación a los adversarios de turno. Así, una controversia laboral que se remonta a la gestión de Brizuela termina presentada como si fuera una decisión personal de Neme, González o Basualdo.
La enfermedad de Rodríguez es utilizada como el elemento de mayor impacto emocional de esa operación. Su tratamiento oncológico es una circunstancia humana que merece consideración, pero no transforma automáticamente en responsables a quienes no intervinieron en su despido ni habilita a alterar la cronología de los hechos. Una cosa es defender los derechos de una trabajadora y otra muy distinta es convertir su situación en una herramienta para difamar a dirigentes que no tuvieron participación en la decisión original. La condición de víctima que alguien reivindica públicamente no lo coloca por encima de los hechos ni convierte cualquier acusación en una verdad incuestionable.
El problema no es que Rodríguez reclame, cuestione o defienda su posición en la disputa judicial. Está en su derecho de hacerlo. El problema es que atribuya responsabilidades a personas ajenas al origen del conflicto y que esa acusación sea amplificada por medios que parecen más interesados en alimentar una operación política que en explicar cómo se desarrollaron los acontecimientos. El periodismo que se presta a esa maniobra deja de cumplir su función de informar y se transforma en una herramienta de hostigamiento contra quienes se pretende desacreditar.
La realidad es mucho menos conveniente para el relato que se intenta instalar: el despido se originó durante la gestión de Héctor Brizuela, la controversia pasó por la Justicia, la medida cautelar permitió sostener transitoriamente la relación laboral y, cuando esa protección dejó de regir, el organismo nacional resolvió prescindir de los servicios de Rodríguez. Ni Neme, ni González ni Basualdo fueron los autores del despido original. Todo lo demás es una construcción destinada a trasladarles una responsabilidad que no les corresponde.
La campaña de Rodríguez contra las autoridades actuales del PAMI no cambia los hechos. Podrá multiplicar entrevistas, recorrer medios afines al gildismo y convertir su situación personal en una bandera política, pero no puede modificar retrospectivamente quién tomó las decisiones ni cuándo se tomaron. La solidaridad no exige aceptar una falsedad, la enfermedad no convierte en culpable a quien no lo es y la propaganda no puede reemplazar a la verdad. Si el objetivo es esclarecer lo sucedido, hay que contar la historia completa. Si el objetivo es difamar a los adversarios políticos, entonces el desfile mediático cumple otra función: no informar sobre un despido, sino fabricar responsables para alimentar una campaña política.
