Pablo Sosa, diputado provincial y patotero amenazó al director de tránsito de la municipalidad junto a vecinos

El diputado provincial Pablo Sosa protagonizó un episodio escandaloso en la Dirección de Tránsito municipal, donde, acompañado por un miembro de su comunidad, increpó y hostigó al director del área, Orlando Ortiz, y a sus empleados. El motivo: la retención de una motocicleta que circulaba sin la documentación correspondiente y sin casco. La escena, registrada en video, expone una conducta incompatible con la responsabilidad institucional que supone ocupar una banca en la Legislatura provincial.

Lo ocurrido tiene una gravedad adicional porque no estamos hablando de cualquier ciudadano que pierde los estribos frente a un control municipal. Estamos hablando de un diputado provincial, alguien que integra uno de los poderes del Estado, que tiene entre sus responsabilidades legislar, controlar al Ejecutivo y representar a la ciudadanía. Sin embargo, en lugar de ofrecer un ejemplo de respeto por las instituciones, Pablo Sosa aparece protagonizando una escena de prepotencia frente a trabajadores municipales que estaban cumpliendo sus funciones.

El origen del conflicto era bastante sencillo: a un originario le habían retenido una motocicleta por no contar con la documentación exigible y por circular sin casco. Es decir, por incumplimientos que justifican la intervención de los inspectores de tránsito. No había allí ninguna conspiración política ni una persecución personal. Había un procedimiento de control que debía resolverse por los canales administrativos correspondientes.

Pero el diputado decidió convertir el episodio en un espectáculo de intimidación.

En la grabación se lo escucha increpar a los presentes, desafiar a los interlocutores y utilizar expresiones agraviantes. «No me digas quién putas sos», lanza en medio de la discusión. 

No son expresiones menores cuando provienen de un representante del pueblo. Mucho menos cuando están dirigidas a funcionarios y empleados que se encuentran en una dependencia pública y que, por la naturaleza de sus tareas, deben hacer cumplir las normas sin importar quién sea el infractor.

Pero hay otro pasaje que merece atención. Sosa introduce en la discusión supuestos antecedentes de aportes económicos a la Municipalidad, mencionando que habría pagado parte de la compra de una camioneta municipal y que nunca le devolvieron el dinero. También acusa al personal de abuso de autoridad.

Un diputado provincial debería ser el primero en comprender que las instituciones no funcionan sobre la base de favores personales, amenazas o relaciones de poder. Su investidura no lo coloca por encima de las ordenanzas ni lo convierte en una autoridad con facultades para disciplinar verbalmente a empleados municipales.

La banca legislativa no es un salvoconducto para el patoterismo.

Orlando Ortiz, como director de Tránsito, tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas municipales. Sus empleados tienen derecho a trabajar sin recibir intimidaciones de quienes, por su posición política, podrían sentirse habilitados para ejercer presiones.

Y aquí aparece una contradicción que Formosa no debería naturalizar: quienes tienen la responsabilidad de construir y defender las instituciones no pueden convertirse en los primeros en desconocerlas cuando una decisión administrativa afecta sus intereses personales o familiares.

Si la retención de la motocicleta fue irregular, existen mecanismos para reclamar, presentar documentación y cuestionar el procedimiento. Lo que no existe es un derecho parlamentario a patotear funcionarios.

El episodio también interpela a la Legislatura provincial. Porque una banca no solamente representa poder político: implica una responsabilidad pública y una conducta que debe estar a la altura de la representación que se ejerce. No alcanza con levantar la mano en las sesiones, pronunciar discursos o invocar la voluntad popular. También hay que demostrar respeto por las reglas cuando esas reglas incomodan.

El Municipio informó que ya radicó la denuncia penal y la Legislatura debería tomar conocimiento de un comportamiento que, cuanto menos, merece una explicación pública del diputado involucrado.

Porque si un diputado provincial necesita invocar su condición de hombre poderoso para conseguir que le devuelvan una motocicleta retenida por incumplir las normas, el problema ya no es de Tránsito: es de cultura institucional.

En Formosa sobran los discursos sobre autoridad, respeto y cumplimiento de la ley. Lo que falta, demasiadas veces, es que quienes ejercen el poder sean los primeros en dar el ejemplo.

Pablo Sosa tiene una banca en la Legislatura, pero esa banca no le otorga patente de corso. Ser diputado no significa tener coronita, y mucho menos convertir una dependencia municipal en territorio propio.