leonardo fernández acosta
El domingo 11 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió una resolución en la cual decidió levantar las medidas cautelares que se habían dictado 3 meses antes tras la difusión de un reporte periodístico que denunciaba que un numeroso grupo de mujeres indígenas de Formosa se ocultaban en el monte de esa provincia sin atención médica, en el paraje de El Potrillo, porque temían que el Estado formoseño las separase de sus bebés en el contexto de la pandemia de coronavirus.
El organismo que depende de la OEA (Organización de Estados Americanos) argumentó para levantar la solicitud de las medidas cautelares firmadas por Santiago Cantón, ex secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora por Cambiemos y por el dirigente indígena de la comunidad qom Félix Díaz que no se pudieron comprobar esos hechos y que hubo falta de información por parte de los peticionantes.
La Comisión Interamericana que es presidida por la jurista chilena Antonia Urrejola Noguera y que también integran la brasileña Flavia Piovesan y la peruana Julissa Mantilla Falcón, consideró que el Estado argentino había dado una respuesta satisfactoria a la demanda. Por eso el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, celebró el miércoles pasado el levantamiento de las medidas cautelares como que era “falsa” y publicó en Twitter un hilo contando la resolución de la CIDH.
Infobae entrevistó a Cantón, quien dirige el programa de Estado de Derecho de la organización con sede en EE.UU. Inter-American Dialogue, un think tank que se ocupa de las relaciones entre Estados Unidos y los países de América Latina y el Caribe. Desde Houston, Texas, demorado porque perdió un par de conexiones que lo traerían de vuelta al país, Cantón afirma que en Formosa no hay democracia, se manifiesta en contra de la ideologización de los derechos humanos, destaca la falta de líderes políticos en el continente y dice que no entiende a quienes defienden la gestión de Gildo Insfrán en la provincia norteña.
¿Cómo fue que usted se transformó en uno de los peticionantes de las 86 mujeres del oeste de Formosa que estaban embarazadas y reclamaban protección porque temían sufrir distintas vejaciones?
Impulsé el tema indígena durante todos los años que estuve en la Comisión Interamericana, desde el 2001 al 2012, porque lo considero un tema clave, sabiendo la discriminación histórica y estructural que sufren esos pueblos en toda la región. La situación que se vivía en Formosa ya la sabía desde bastante tiempo antes. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) había intervenido con medidas cautelares por ejemplo con lo que estaba viviendo el cacique qom Félix Díaz y había otros casos de discriminación que llegaron a la Corte Suprema. Yo sabía que estos hechos que se denunciaban eran ciertos como lo son otros que se dan en otros lugares de América Latina. Considerando que era una situación grave porque estaba afectando a mujeres en condiciones de vulnerabilidad consulté con gente que aseguró la veracidad de los hechos y también fueron consignados por una revista especializada que se llama Latfem, por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch. Por eso luego de un estudio exhaustivo como los que hace siempre, la Comisión Interamericana dictó las medidas cautelares porque los hechos existían y posiblemente siguen existiendo.
¿Y por qué se levantaron esas medidas cautelares?
-El levantamiento es un procedimiento que forma parte de las medidas cautelares y que se dio de manera lógica. Había varias de esas mujeres en el monte que no querían dar sus datos por temor a ser perseguidas por parte de la Policía provincial y que les saquen a sus hijos. Frente a esas situaciones las medidas cautelares tienen un límite. Acá había un límite natural y es que el Estado Nacional ya había atendido a 7 de esas mujeres. Decir que ese levantamiento es un éxito es desconocer absolutamente el sistema y hacer un uso político de los derechos humanos que no corresponde.
Esa es una de tus preocupaciones.
Siempre. Este uso político de los derechos humanos es lo que más está afectando a la región, y Argentina es uno de los peores países al respecto. No se evalúa la situación de derechos humanos sino directamente tomar una decisión de acuerdo a la ideología. Si el que lo dice es de la ideología que yo represento seguro es verdad y si es de la otra seguro es mentira. A mí me tocó desde el gobierno de Mauricio Macri estar en oposición clara y lo dije abiertamente sobre algunas posiciones que se habían adoptado como el caso de Rafael Nahuel. Hay mucha gente que trabaja históricamente en los Derechos Humanos que prefirieron defender a un gobierno feudal y autoritario como es el de Insfrán. Ese es un problema grave.
En una nota periodística reciente criticó el apoyo que Alberto Fernández había dado al gobierno de Insfrán. ¿Por qué cree que se da?
Habría que preguntárselo a él, yo no me quiero meter en política. Claramente lo respaldaron desde el momento que un ministro (NdR: Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación) dijo que el de Insfrán era un ejemplo de cómo había combatido el Covid. Cuando ese es un Gobierno, que si uno se fija en una lista a nivel mundial, lo encuentra entre los diez políticos que llevan más tiempo en el poder. Es una persona que no cree en la democracia o por lo menos que la democracia es el cambio. Tiene un control absoluto sobre el aparato judicial, claramente en Formosa no existe el Estado de Derecho. No estoy haciendo ninguna revelación con esto. Hay mucha gente afín a este Gobierno de Alberto Fernández que opina lo mismo y no se anima a decirlo porque tiene intereses políticos que no se pueden violar. Y al seguir esos intereses políticos lo que están haciendo es violar los derechos humanos.
Está claro que Insfrán llegó a su cargo a través de sucesivas elecciones desde 1995. ¿Cómo se explica su extenso mandato?
Pasa en esa provincia, en la Argentina y en otros lugares de América Latina. Por algún motivo cuando María Eugenia Vidal era gobernadora en Buenos Aires decidió impulsar la no reelección de los intendentes de la Provincia, la de los famosos barones del Conurbano. Se le puso fin a eso y fue un triunfo democrático. La alternancia en el poder es una de las garantías de la democracia, que ayuda a combatir la corrupción. Insfrán lleva 26 años como gobernador, no hace falta explicar mucho más. No es Estado de Derecho. A la democracia si se la mide solamente por ganar elecciones es una parte importante de la democracia pero no la única. La Carta Democrática Interamericana aprobada en septiembre de 2001 claramente da a entender que hay un montón de otros requisitos que debe tener una democracia y en Formosa no existen.
Claramente el Gobierno nacional respeta la independencia de las provincias y sus constituciones. Formosa es un caso, pero ya se dio en otras provincias como Santiago de Estero que fue un feudo durante muchísimos años. Hasta la muerte del gobernador Carlos Juárez la situación ahí era parecida, después saltaron un montón de casos sobre violaciones de derechos humanos. No hay dudas de que en Formosa va a pasar lo mismo.
Vuelvo a preguntarle por las medidas cautelares sobre las mujeres indígenas embarazadas. ¿Cuál era el temor de las afectadas para no hacer las denuncias?
Queríamos que actuara el Estado Nacional y no el provincial. El temor de las afectadas era a la policía de la provincia. Ya había sucedido en otras ocasiones. Por eso cuando yo era secretario de la CIDH tuvimos que modificar la forma en que escribíamos a los Estados e incluimos un párrafo en que el que decíamos que las medidas cautelares se tenían que coordinar en consulta con los peticionarios porque había muchos casos donde intervenía la policía provincial. Queríamos coordinar con el Estado Nacional para evitar a la policía provincial a las que las mujeres le temían. Esto no se pudo hacer.
¿Que estuviera involucrado en esta denuncia Félix Díaz que fue funcionario del gobierno de Macri influyó negativamente?
No quiero opinar de eso. Yo también fui funcionario y critiqué muchas cosas que estuvieron mal durante el gobierno anterior en materia de Derechos Humanos. No solamente del Gobierno sino también de la Corte Suprema, como por ejemplo lo del 2x1. Uno tiene que atenerse estrictamente a los derechos humanos, porque de lo contrario no tenemos una guía que nos permita avanzar democráticamente sin cometer errores. Lo de ser funcionario o no debería ser irrelevante. ¿Qué haya sido funcionario significa que no hay violaciones a los derechos humanos en Formosa? Que le avisen entonces a Human Rights Watch, a Amnistía Internacional o a otros expertos que me confirmaron que eso estaba pasando.
¿Cómo analiza el panorama actual de los organismos de Derechos Humanos en nuestro país?
Tengo un gran respeto por todas las personas que trabajan en esos lugares desde antes de ser funcionario por haber sido el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Creo que lamentablemente muchas veces se demora o hay cosas que no dicen y eso lo hacen por política. Eso es grave para los derechos humanos, hasta que no se logre despolitizarlos completamente. Partir de la base de que solo un sector político puede hacer derechos humanos es lo más anti derechos humanos que existe. Implica que nunca vamos a poder progresar en esa materia, implica que un solo sector sea dueño de la razón. Me parece que muchos organismos argentinos han caído en esa trampa.
El problema de la discriminación, además del que existe contra los pueblos indígenas, sigue siendo importante en Argentina en otros ámbitos?
Sí, por supuesto. Al histórico problema de discriminación estructural histórica contra las mujeres es grave tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. Tuve reuniones con descendientes de los pueblos afrodescendientes cuando era funcionario y aunque son pocos también lo sufren. Con la comunidad LGTBI y dentro de ellos la comunidad trans también son de las más afectadas por este problema. Pasa en Argentina y en otros lugares. En muchos casos, se conoce y se trabaja. Creo que en el caso de los indígenas hay muchos argentinos que siguen teniendo la opinión de que acá no hay indígenas y por eso no son discriminados.
Está trabajando en Estados Unidos con respecto al Estado de Derecho. ¿Cómo evaluás la situación en América Latina?
Se nos está diluyendo el Estado de Derecho en gran parte de los países de la región. Hay en ese sentido un retroceso muy grave. Hacen falta líderes que pongan en la democracia los derechos humanos como prioridad. Y no solamente las alianzas políticas internacionales. Si uno apoya al gobierno de Colombia y no condena las violaciones de derechos que hubo en las recientes demostraciones pero si critica lo que pasa en Nicaragua, está mal. Y viceversa. Hay que sacarse las orejeras, porque se debe criticar lo que está pasando en Cuba pero en Brasil tampoco hay Estado de Derecho. En varios países latinoamericanos se han olvidado los valores y los principios que se habían recuperado con la última ola democrática iniciada en los años 80. Ojalá que dentro de los próximos 5 años podamos seguir viviendo en democracia. En los primeros años de Hugo Chávez en Venezuela, la gente no veía lo que estaba pasando. Si lo veía la Comisión Interamericana. La mayoría de la gente decía, bueno, ya va a pasar y vendrán las elecciones y se va a ir. La destrucción del Estado de Derecho es así. Una hoja por día y al final de los dos años te quedaste sin libro. (Infobae)
