“Tenemos duda que el juez de Venado Tuerto haya ordenado la prisión de Max. ¿Porque Gildo Insfrán sigue persiguiendo opositores porque somos la única y verdadera oposición en Formosa?” aseguró la candidato del Frente, “Estamos con vos”.
Locales18/08/2021
leonardo fernández acosta
La candidata a diputada nacional del Frente “Estamos con Vos”, ante la detención de uno de sus candidatos de la lista para las PASO, explicó en su muro del Facebook que: “Max Talavera, cometió el pecado de animársele a Insfrán y esto es una clara persecución política. No existe firma de Max que pueda configurar una estafa”.
Aclaró que: “Sabíamos de esto pero confiábamos en él y hasta que no se demuestre lo contrario es inocente”.
Neme continuó detallando que: “¿Como puede ser que Max haya sido convalidado por la Cámara Electoral como candidato? Él estuvo en Venado Tuerto, ingresó esta madrugada y ¿Dónde está la orden de detención?”.
Explicó que la orden de detención tendría que estar en el sistema si es que existiera.
“La orden de detención la firma el Dr. Mauriño de Clorinda y no podemos tener acceso al supuesto exhorto que ordenaba la detención. El pecado de Max es animarse a ser candidato en Estamos con Vos” afirmó.
Dijo además que Talavera le ofreció bajarse para no perjudicarla, “Le dijimos que no. Vos no está solo, estamos con vos, hoy más que nunca todo el equipo está con él. Víctima de persecución política y esto lo ordena Gildo Insfrán a Mauriño porque nunca fue notificado para ir a prestar declaración, el también es víctima de esta estafa”.
Neme continuó relatando que: “El va a dar las explicaciones pero ha pasado con muchísimas empresas de cobranzas o de pre venta donde algún vendedor avivado usa el nombre de la empresa y la supuesta firma de la empresa. Max también fue víctima de la estafa. Hay políticos metidos en esta causa y por eso decimos que así como Cristina fue candidata, como Macri fue candidato, como Gildo sigue siendo candidato a pesar de Ciccone y hoy todos esos sectores hicieron leña del árbol caído de Max”.
Dijo también que: “Son dos las personas involucradas pero la otra persona en Venado Tuerto está libre. Max está en un calabozo con presos comunes, con una pantalla donde a cada rato pasan por canal 11 su detención.
Lo están exponiendo y no esta seguro, más sabiendo que sos candidato nada menos que a candidato a diputado nacional y que estás con la Neme.
Tenemos duda que el juez de Venado Tuerto haya ordenado la prisión de Max. ¿Por qué Gildo Insfrán sigue persiguiendo opositores porque somos la única y verdadera oposición en Formosa?”.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
