Libertad de Expresión

Con el ropaje de una modernización digital, el gildismo intenta consagrar en la nueva Constitución el control estatal sobre todo el ecosistema virtual: desde datos personales hasta criptomonedas, pasando por redes sociales, algoritmos y fake news. Una reforma que huele más a censura que a derechos.

Amenazas judiciales, memoria selectiva y obediencia rentada: cuando los derechos humanos se usan como escudo para encubrir al poder, el periodismo tiene la obligación de incomodar, aunque duela. No me retracto ni cedo ante otro ataque más del gobierno de Gildo Insfrán.

Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el autoritarismo o la censura pero no es el mismo caso que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) .

La policía de la provincia de Formosa detuvo en un control, al Licenciado en Comunicación Social y la causa según trascendió sería por resistencia a la autoridad, aunque tratándose de uno de los periodistas críticos la mirada está puesta sobre la legalidad del procedimiento.

Periodistas, dirigentes y personas que se acercaron, manifestaron su rechazo al ataque del gobierno y la violencia institucional contra periodistas independientes.

"En este marco de falta de garantías, en una provincia donde no existe el acceso a la información pública, frente a un gobernador que tiene la suma del poder público en sus manos, donde las instituciones están degradas, donde no existe la división de poderes, donde no existe la justicia independiente y la policía es militante de los caprichos del Gobierno, no es difícil entender que no podemos seguir exponiendo a nuestros periodistas por los menos en los OPNGT, que pareciera se han convertidos en meros actos partidarios solventados con dineros públicos" aseguraron.

La utilización del Código Penal como respuesta estatal a los dichos de un periodista sobre cuestiones de interés público, es una alternativa absolutamente incompatible con la protección que la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brindan a la libertad de expresión y de prensa, y es, a su vez, una forma de empobrecer el debate público necesario para la convivencia democrática.