En la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la "inhabilitación perpetua" para cargos públicos.
La Libertad Avanza se retiró de la Convención Constituyente denunciando un catálogo de violaciones reglamentarias que haría sonrojar a un parlamento bananero. Entre artículos pisoteados, dictámenes exprés y un oficialismo que actúa como dueño del circo, 23 artículos ya aprobados nacen muertos y huelen a naftalina de guion viejo.
Mientras la cifra de víctimas del fentanilo contaminado sigue en aumento, la transparencia brilla por su ausencia: hospitales, laboratorios y autoridades sanitarias dilatan información y esconden responsabilidades. Lo que podría ser un escándalo controlado se convierte en una tragedia evitable, donde la negligencia y el silencio oficial matan tanto como la droga misma.
En la convención constituyente, la mayoría gildista aprueba una reforma con sello chavista que vulnera la Constitución Nacional y relativiza la propiedad privada, mientras prepara el uso del reglamento como arma de venganza contra los convencionales opositores que denunciaron censura y atropellos antes de abandonar sus bancas.
Cambio de figuritas: Fernández Patri deja su banca tras años de un paso fantasma por el Congreso, y Graciela de la Rosa, reciclada del aparato y obediente ejecutora de la reforma insfranista, se garantiza otros cuatro años viviendo del Estado. El enroque gildista se repite: sale un legislador sin voz propia y entra una funcionaria eterna.
Con un radicalismo resignado a inmolar a uno de los suyos y un peronismo que difícilmente supere los 200 mil votos en unas nacionales donde el aparato no juega igual que en las provinciales, todo indica que la mayor parte de los 100 mil sufragios opositores migrarán por voto útil hacia La Libertad Avanza, que se encamina a ser primera minoría aunque siga actuando como el cornudo: el único que no se entera.
