leonardo fernández acosta
En Clorinda, el horror ya no sorprende: niños intoxicados, abusados, golpeados, asesinados. La indiferencia del Estado se volvió rutina y la tragedia, paisaje. Mientras tanto, los diarios hablan de ventas y de consumo.
El espanto se repite con una frecuencia insoportable. Menores intoxicados con marihuana, una beba de apenas 18 meses con cocaína en sangre, una nena de seis años muerta por intoxicación y víctima de abuso, un niño de siete años asesinado a golpes por su padrastro, una adolescente embarazada mientras su madre “no sabía nada”. Casos distintos, un mismo patrón: desamparo, abandono, silencio.
Nuestros niños nos están gritando y no los escuchamos. La violencia doméstica, el abuso sexual, la droga que circula sin control, la pobreza extrema y la total ausencia de los organismos que deberían protegerlos forman un cóctel mortal. Donde el Estado se borra, el dolor ocupa su lugar. Y Clorinda, una ciudad fronteriza olvidada por los despachos oficiales, se hunde en una espiral de tragedias que parecen no tener fin.
Pero lo más brutal no es solo lo que pasa, sino lo que no pasa.
Ante este escenario horroroso, los titulares que llenan los diarios locales hablan de que “bajaron las ventas en los comercios” o de que “la actividad económica necesita un repunte”. Como si el drama de nuestros chicos fuera una nota menor, una molestia pasajera. Esa indiferencia mediática no es casual: es el reflejo de una sociedad atrofiada por la industria cultural del modelo formoseño, un sistema que anestesia, que entrena para mirar sin ver, para aceptar lo inaceptable.
Y cuando el horror se vuelve noticia, apenas si alcanza la forma de un comunicado oficial. Un párrafo escueto, un parte frío, una declaración hueca de la policía. No aparece ni uno solo de los cientos de funcionarios que vegetan en sus oficinas para intentar detener esta inercia espantosa. Nadie pone la cara, nadie asume nada, nadie se conmueve. La maquinaria burocrática sigue su marcha mientras los chicos mueren, callan, o son silenciados.
¿Dónde están las áreas de Niñez y Adolescencia? ¿Dónde los fiscales, los jueces, las escuelas, los centros de salud? ¿Dónde las respuestas institucionales? Cada muerte, cada niño violentado, es una denuncia muda contra un Estado que mira para otro lado. La burocracia se mueve tarde, cuando ya es noticia, cuando ya hay un cuerpo.
Algunas madres cumplen prisión domiciliaria, otras siguen libres, pero los pequeños siguen pagando el precio de nuestra indiferencia colectiva. No basta con indignarse en redes, ni con discursos vacíos en los actos escolares. Hacen falta decisiones firmes, políticas reales, funcionarios que salgan de sus escritorios y se animen a ver lo que ocurre en los barrios, en las casas, en las calles.
Los niños merecen vivir, no sobrevivir. Merecen un Estado que los abrace antes de que la violencia los trague.
Que Dios o lo que quede de nuestra conciencia nos abra los ojos para ver su dolor.
Que nos inspire a extender las manos para protegerlos. Y que nos dé la fuerza para transformar la impotencia en acción, antes de que el próximo grito también se apague en silencio.
