En la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la "inhabilitación perpetua" para cargos públicos.
Nacionales22/08/2022
leonardo fernández acosta
Tras presentar sus alegatos en la causa Vialidad, este lunes (22/08) el fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner por considerarla coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada. Además, pidió la "inhabilitación perpetua" para ejercer cargos públicos tanto para la vicepresidenta como para el resto de los ex funcionarios imputados.
Luciani también solicitó el decomiso de los más de $5 mil millones que significó la defraudación al Estado.
"Cristina Kirchner, como máxima representante del Estado, empleó su poder sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro personal anhelada", dijo el fiscal Luciani.
"No encuentro un solo atenuante ante estos crímenes", añadió.
Luciani dijo que se juzga "la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país".
"El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por Cristina Kirchner como jefa", añadió el fiscal.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
Horas antes, Cristina Kirchner había sorprendido al anunciar que pedirá ampliar su declaración indagatoria mañana en la causa por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
“Producto de sobreprecios, de la cartelización de las obras públicas y el abandono intempestivo de las se ocasionó un monumental perjuicio al Estado”, dijo Mola.
El fiscal hizo hincapié, además, en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que es un sistema que utiliza Vialidad y al que los fiscales lo definieron como “poco confiable, aunque es la fuente de indagación natural” de los datos obtenidos. “Vamos a solicitar testimonios de otras personas que no se encuentran imputadas”, dijo el fiscal, al referirse a la poca transferencia en los procesos de adjudicación y control de las obras.
“El perjuicio patrimonial es enorme. Todo lo invertido por el Estado en las obras abandonadas debe ser considerado perjuicio. Estamos hablando de un perjuicio que ascendió a $3.571 millones. Más de US$539 millones es lo que se dilapidó”, precisó Mola sobre las obras abandonadas por las constructoras de Lázaro Báez.
Cristina Kirchner realizó su declaración indagatoria en este juicio el 2 de diciembre de 2019, fue la última de los 13 imputados en cumplir con esta instancia ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El resto de los imputados
El fiscal pidió penas para el resto de los acusados:
12 años de prisión para Lázaro Báez
10 años de prisión para Julio De Vido
10 años de prisión para José López
10 años de prisión para Nelson Periotti
6 años de prisión para Mauricio Collareda
6 años de prisión para Juan Carlos Villafañe
5 años de prisión para Raúl Osvaldo Daurich
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
La convencional Valeria Ruth Méndez defendió con entusiasmo las reformas al Poder Judicial en la nueva Constitución provincial. Paradójicamente, nunca ejerció como abogada ni litigó en los tribunales locales: es empleada del Poder Legislativo. El episodio expone el circo de una Convención donde la improvisación y la obediencia política reemplazaron a la experiencia real.
Mientras la producción citrícola de Formosa ronda apenas las 14 a 19 mil toneladas anuales y está lejos de ser líder nacional, el diputado Ramiro Fernández Patri celebra un festival financiado con recursos públicos —con cachés millonarios para artistas nacionales como Nicki Nicole— como si fuese la prueba viva del “modelo productivo” de Gildo Insfrán.
