Con el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver si es constitucional o no la reelección indefinida en Formosa.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciolle, volvió a poner la academia al servicio del aparato. Con su consultora Politiké, fabrica estadísticas a medida del poder para mostrar una Formosa que solo existe en los gráficos oficiales: la del empleo que crece, el Estado que adelgaza y un modelo que se vende como milagro mientras el resto del país se hunde en la realidad.
El juez federal Pablo Morán volvió a ponerse del lado del poder: bloqueó la presencia de la Dirección Nacional Electoral y habilitó a militantes gildistas para “controlar” los comicios. En Formosa, la Justicia ya no vela por la transparencia: la custodia del voto quedó en manos del régimen.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
