El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciolle, volvió a poner la academia al servicio del aparato. Con su consultora Politiké, fabrica estadísticas a medida del poder para mostrar una Formosa que solo existe en los gráficos oficiales: la del empleo que crece, el Estado que adelgaza y un modelo que se vende como milagro mientras el resto del país se hunde en la realidad.
Locales24/10/2025
leonardo fernández acosta
En Formosa, la estadística se ha convertido en un arma política. Ya no alcanza con manipular la información pública, ahora se la maquilla con apariencia de ciencia. El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, Adrián Muracciolle —un militante confeso del modelo gildista— usa su consultora Politiké para producir informes “técnicos” que en realidad son piezas de propaganda, redactadas con el objetivo de mantener intacto el mito del paraíso formoseño.
El último “informe” difundido por Politiké es un manual de manipulación. Bajo el título de análisis laboral y financiero, la consultora afirma que Formosa fue la provincia con mayor crecimiento del empleo privado registrado en julio de 2025, con un supuesto 4,7 % interanual. Y que, además, la provincia tendría menos empleados públicos por habitante que el promedio nacional, un milagro estadístico que ni el propio INDEC puede certificar.
Pero cuando se revisan las fuentes, el castillo de arena se desploma.
El SIPA —el sistema oficial de empleo registrado— muestra que las variaciones mensuales de Formosa son mínimas y que, en julio, incluso hubo caída respecto de junio. La diferencia es que Politiké, la consultora trucha de Muracciolle, recorta la serie, elige la comparación que más le conviene (julio contra julio) y omite la base real de la que parte: un mercado laboral raquítico, dependiente del Estado y con apenas una fracción de empleo privado genuino.
El truco es viejo: si tenés pocos trabajadores privados y sumás apenas mil nuevos, el porcentaje se dispara. Así, la consultora convierte un estornudo estadístico en un éxito económico.
Y luego, con igual descaro, concluye que Formosa “está entre las provincias con menor proporción de empleo público”. Una afirmación que insulta la inteligencia: Formosa es, según todos los informes nacionales, una de las provincias más dependientes del Estado, donde el empleo público supera ampliamente al privado y el control político del salario se usa como mecanismo de obediencia.
Muracciolle y su equipo no mienten del todo —sería demasiado burdo—, pero manipulan con precisión quirúrgica. Seleccionan una variable, borran otra, adornan con gráficos y pie de página, y producen un documento “técnico” que se presenta como “elaboración propia en base al SIPA y al INDEC”.
Es decir: usan sellos oficiales para legitimar interpretaciones ideológicas. Eso, en cualquier administración seria, sería considerado una falsificación de documento público, porque altera el sentido y la integridad de la información de origen estatal.
La intención política es obvia Mientras el país discute la caída general del empleo registrado y la fuga hacia el dólar, el oficialismo formoseño intenta vender la idea de una isla feliz: una provincia que crece, que da trabajo, que tiene menos burócratas que Santa Cruz. Una fantasía estadística destinada a sostener el relato del modelo que lleva un cuarto de siglo en el poder.
En el fondo, no se trata de un error técnico sino de una estrategia comunicacional. Politiké es el laboratorio del relato económico del gildismo: produce cifras para alimentar la ficción de un modelo exitoso, y el rector Muracciolle actúa como garante académico de una mentira estructural. La universidad pública provincial, en lugar de ser un espacio de pensamiento crítico, se ha convertido en una fábrica de legitimaciones más manipulados que el boletín oficial en campaña ¿Como saldrán sus profesionales?
En cualquier democracia madura, la manipulación de estadísticas oficiales con fines partidarios tendría consecuencias. En Formosa, en cambio, se premia. La confusión entre gestión pública y propaganda se volvió norma, y los que deberían formar ciudadanos críticos se ocupan de falsificar el espejo en el que la provincia se mira.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
