Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Las imágenes muestran al juez federal de Formosa, Pablo Morán, viviendo el Mundial con una exposición que difícilmente pase inadvertida. No se discute su derecho a viajar ni a disfrutar de una licencia. Lo que está en debate es si quien tiene la responsabilidad de impartir justicia debe buscar el protagonismo de las cámaras o preservar la discreción que exige la investidura de un magistrado.
Mientras tres decanos de la Universidad Nacional de Formosa enfrentan denuncias por presuntamente no reunir los requisitos legales para ejercer sus cargos, una nueva controversia por la incorporación de una representante al Consejo Superior, mediante una medida judicial excepcional, profundiza una crisis institucional que ya no gira en torno a la educación, sino a la legitimidad de quienes conducen la casa de altos estudios.
Luego del informe publicado por Formosa Investiga, el caso del juez federal Pablo Morán escaló a la agenda nacional. La permanencia del magistrado en el Tribunal de Ética de la AFA, el reclamo de ACIJ ante la Corte Suprema por una presunta incompatibilidad de funciones y las versiones sobre su actuación durante el Mundial reavivaron el debate sobre los límites éticos que deben observar quienes administran justicia.
El Gobierno reabre el plazo para que los estatales regularicen una obligación administrativa bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Sin embargo, quienes concentran el poder político desde hace décadas continúan sin someterse al mismo nivel de publicidad patrimonial que le exigen al resto. La transparencia, en Formosa, parece tener escalafón.