Policia de la provincia de Formosa

Pozo del Tigre se prepara para festejar su aniversario mientras una familia todavía intenta saber por qué Jacqueline terminó muerta. La Policía habría decidido que la denuncia puede esperar hasta después de los festejos, la atención médica dejó demasiados interrogantes y el Estado parece más preocupado por que el pueblo llegue prolijo a la celebración que por escuchar a una madre que reclama respuestas por la muerte de su hija.

La Cámara Federal de Resistencia revocó la "medida precautelar" que el juez federal N°1 de Formosa, Pablo Fernando Morán, dictó a fines de agosto contra la Universidad Nacional de Formosa y le propinó una amonestación sin precedentes: lo acusó de causar un "daño institucional" con una medida "prematura", "lesiva" y "carente de sustento probatorio", le advirtió que sus fallos son "capaces de quebrar" el normal funcionamiento del Consejo Superior y le ordenó "no interferir" en los procesos internos de la universidad. El fallo no solo desnuda un patrón de activismo judicial desmedido: consagra un principio fundamental, la autonomía universitaria no es un obstáculo que el juez pueda saltar a gusto, sino un límite constitucional que debe respetar.

La denuncia de Pablo Basualdo vuelve a poner bajo la lupa a una fuerza cuya conducción política lleva décadas bajo el mismo poder. Si se pretende recuperar una Policía al servicio de los ciudadanos, no alcanza con cambiar nombres: hace falta revisar la cúpula, investigar las cadenas de mando y terminar con cualquier estructura que convierta a agentes públicos en instrumentos de persecución política.

Con un 42,8% y un 42,3% de imagen positiva, los gobernadores de Formosa y La Rioja cierran la tabla de CB Global Data en septiembre de 2026. No es un empate técnico: es el certificado de defunción de dos modelos de gestión que la gente ya no quiere ver ni en pintura. Mientras uno sobrevive a los ponchazos, el otro se hunde sin freno.

Omar Padilla no disimula: fue concejal, dirigente justicialista, vocero del "proyecto" de Gildo Insfrán y hombre de confianza del ministro Guillermo Alucín. El mismo STJ que lo excluyó por incompatible lo nombró juez. Ahora firmó una condena a prisión contra cuatro periodistas por no tener un carnet que la Constitución prohíbe exigir. No es un error judicial: es un mensaje. En Formosa, la justicia no protege derechos: protege al gobernador.