Las viejas prácticas mafiosas de la Policía de Formosa más vigentes que nunca

Hay cosas que en Formosa parecen no cambiar nunca. Cambian los gobiernos, cambian los funcionarios, cambian los discursos y hasta cambian las excusas. Pero algunas prácticas permanecen intactas: perseguir, vigilar, intimidar y hacer sentir al ciudadano que el Estado lo está mirando.

La denuncia formulada por el intendente Pablo Basualdo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión gravísima: el presunto uso de la Policía de la Provincia para perseguir y espiar a dirigentes políticos que no comulgan con el poder de turno.

Basualdo aseguró haber identificado al comisario inspector Hugo Martín Orquera mientras, según su denuncia, seguía y vigilaba a su familia desde un vehículo particular, incluso durante horarios nocturnos. El dato más perturbador es que, siempre según el relato del intendente, el funcionario policial habría estado registrando los movimientos de la vivienda de su padre y hasta habría tomado imágenes de una niña de apenas tres años.

Si los hechos ocurrieron como fueron denunciados, ya no estamos frente a una simple disputa política. Estamos frente a una posible utilización de recursos y estructuras del Estado para intimidar a una familia.

Y eso es intolerable.

Una Policía democrática está para prevenir delitos, proteger a los ciudadanos, investigar dentro de la ley y garantizar la seguridad. No está para transformarse en una estructura de vigilancia política al servicio del poder.

El episodio tampoco puede analizarse como un hecho aislado. Durante años se acumularon cuestionamientos y denuncias vinculados con prácticas de persecución, hostigamiento y vigilancia sobre dirigentes opositores, periodistas, organizaciones y ciudadanos que se atreven a desafiar al poder político.

La lógica del miedo es sencilla: no necesita una detención para funcionar. Alcanza con un automóvil estacionado frente a una casa, una presencia repetida, una cámara apuntando hacia una vivienda o la certeza de que alguien registra cada movimiento.

Eso también es intimidación.

Y cuando quien intimida pertenece a una fuerza policial, la gravedad se multiplica. Detrás del uniforme existe una institución armada, recursos públicos y el poder coercitivo del Estado.

Por eso la denuncia de Basualdo merece una investigación seria, independiente y transparente. Debe determinarse el origen de la presunta vigilancia, la existencia o inexistencia de una orden judicial, el uso del vehículo particular, el destino de las imágenes obtenidas y la eventual participación de superiores.

Todo tiene que quedar documentado.

Porque cuando una institución policial es acusada de perseguir políticamente a un ciudadano, la respuesta democrática no puede ser el silencio corporativo. Tampoco alcanza con desacreditar al denunciante o convertir el episodio en una pelea partidaria.

Las instituciones tienen que funcionar precisamente para estos casos.

Si existió espionaje ilegal, hostigamiento o utilización de la estructura policial con fines políticos, debe haber responsabilidades. El uniforme no otorga impunidad. La jerarquía tampoco. Y una orden ilegal no se convierte en legal simplemente porque provenga de un superior.

Durante demasiado tiempo se instaló en Formosa la idea de que enfrentarse al poder puede tener consecuencias. El mensaje puede aparecer bajo distintas formas: un expediente, una inspección, una vigilancia, una amenaza velada, una campaña de desprestigio o simplemente la sensación permanente de estar siendo observado.

Ese clima es incompatible con una democracia plena y en formosa la duda es si es una democracia plena.

La Policía provincial no puede convertirse en el custodio político del régimen. Su misión es proteger a la ciudadanía, combatir el delito y garantizar el orden dentro de la Constitución y las leyes. Cuando una fuerza policial comienza a mirar quién critica al poder en lugar de mirar quién delinque, se produce una inversión obscena de sus prioridades.

Y ahí aparece el verdadero problema.

El Estado deja de proteger al ciudadano y empieza a vigilarlo. Eso es exactamente lo que una democracia debe impedir.

Formosa necesita una Policía profesional, independiente de los intereses partidarios, sometida a controles y respetuosa de las garantías constitucionales, no una banda de espías que ya han demostrado en pandemia de lo que son capaces y fueron premiados.

Necesita policías que persigan delincuentes, no opositores. Necesita instituciones que protejan familias, no que las intimiden.

Y necesita terminar definitivamente con esas viejas prácticas mafiosas de vigilancia y disciplinamiento político que, si se comprueban en este caso, no pueden seguir naturalizándose como parte del paisaje formoseño.

Porque una democracia en la que una familia teme ser vigilada por la Policía por pensar diferente deja de ser una democracia respetada.

El Estado debe proteger. Nunca perseguir.