Expedientes versus daño ambiental

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) resolvió acreditar ambas carreras de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa. La institución destacó el trabajo conjunto de autoridades, docentes, nodocentes, estudiantes, egresados y de los equipos responsables del proceso de evaluación.

El Gobierno de Formosa parece haber descubierto una curiosa manera de enfrentar una emergencia climática: mientras un funcionario enciende las luces amarillas, otro pide que nadie se alarme. El mismo fenómeno, dos diagnósticos y una sola conclusión posible: alguien debería ponerse de acuerdo antes de salir a hablar.

El operativo desplegado en los asentamientos de Misión Nueva Yrigoyen y Tres Palmas no admite eufemismos. Lo ocurrido sobre el camino vecinal N° 9002 tiene todos los rasgos de una cacería, y no de un procedimiento de control territorial. Mientras el gobierno nacional mantiene su mirada fija en la agenda porteña, en el extremo noroeste de la provincia de Formosa se consuma un nuevo episodio de violencia institucional contra las comunidades originarias, con un saldo de decenas de detenidos, familias aterrorizadas y un sistema judicial que parece funcionar a la medida del poder político provincial.

La jueza Nadia Caballero tiene la obligación de proteger la identidad y la intimidad de un menor. Lo que no puede hacer, bajo ese argumento, es extender una cautelar hasta convertirla en una mordaza general contra la prensa y en un escudo para impedir que se investigue y se informe sobre el funcionamiento o el fracaso de las instituciones públicas. Proteger a un niño es una obligación; censurar información de interés público es otra cosa.

La decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero de modificar el mecanismo de actualización salarial de jueces y funcionarios terminó dejando expuesto un dato que en Formosa no aparece precisamente en una vidriera de transparencia: un juez de Cámara formoseño tiene como remuneración neta de referencia más de $7 millones. Para establecer cuánto deben cobrar sus pares chaqueños, la provincia vecina toma como parámetro los salarios judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones. Una situación que desnuda una paradoja: para conocer cuánto cobra la Justicia formoseña hay que mirar una decisión salarial tomada en otra provincia.