El Gobierno de Insfrán confunde legalidad administrativa con protección ambiental

La respuesta del Ministerio de la Producción y Ambiente a las denuncias de Greenpeace intenta instalar que el debate queda resuelto porque el 70% de las 4.375 hectáreas señaladas corresponde a proyectos con Permiso de Cambio de Uso del Suelo (PCUS). Sin embargo, ese argumento no rebate la denuncia ambiental, sino que la traslada al plano administrativo. La existencia de un permiso no constituye una prueba de conservación del bosque nativo ni demuestra, por sí misma, que la autorización haya sido otorgada respetando todos los requisitos de la legislación ambiental vigente.

El comunicado oficial sostiene que 3.078 hectáreas fueron autorizadas y que solo 1.297 corresponden a intervenciones no autorizadas. Esa afirmación carece de respaldo documental público. La Provincia no difundió las resoluciones administrativas de los 21 proyectos mencionados, no publicó los estudios de impacto ambiental, tampoco los dictámenes técnicos ni la clasificación de cada predio dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Sin esa documentación, la legalidad invocada por el Gobierno se apoya exclusivamente en una afirmación oficial que no puede ser verificada por terceros.

La estrategia comunicacional también modifica el eje de la discusión. Greenpeace denuncia pérdida de bosque nativo y el Gobierno responde diferenciando desmontes legales de desmontes ilegales. Ambos conceptos no son equivalentes. La pérdida de cobertura forestal existe con independencia de que la intervención haya sido autorizada o no. Un permiso administrativo cambia la situación jurídica del responsable, pero no modifica el efecto ambiental de la remoción del monte. La desaparición del bosque continúa siendo una pérdida para el ecosistema, aun cuando haya existido autorización estatal.

El propio comunicado reconoce que las imágenes satelitales detectaron 4.375 hectáreas de cambio de uso del suelo. La diferencia radica únicamente en la interpretación administrativa que realiza el Ministerio sobre esa superficie. El satélite registra la desaparición de la cobertura vegetal; luego la Provincia clasifica una parte como autorizada y otra como irregular. Esa clasificación depende exclusivamente de la existencia de expedientes internos que no fueron puestos a disposición del análisis público.

La imagen satelital difundida por el Ministerio tampoco demuestra la validez del argumento oficial. El informe exhibe un caso puntual en el que una parcela aparece vinculada a un Proyecto de Cambio de Uso del Suelo aprobado. Ese documento acredita la existencia de un expediente administrativo sobre un inmueble específico, pero no constituye evidencia suficiente para respaldar las restantes miles de hectáreas incluidas dentro del 70% que el Gobierno considera legal. Un ejemplo aislado no reemplaza la publicación completa de todos los permisos invocados.

La Provincia también minimiza las 1.297 hectáreas no autorizadas al calificarlas como "microdesmontes" porque el promedio por intervención alcanza las 17,7 hectáreas. Esa caracterización no tiene relevancia ambiental. La fragmentación del bosque mediante numerosos desmontes pequeños puede producir un impacto acumulativo significativo sobre la biodiversidad, los corredores biológicos y el funcionamiento del ecosistema. El tamaño promedio de cada intervención no elimina el daño ecológico que produce la pérdida de cobertura forestal.

El Ministerio destaca además que fueron inspeccionados 37 predios que abarcan 928,71 hectáreas y que el resto se encuentra en proceso de notificación. Esa información demuestra la existencia de actuaciones administrativas, pero no acredita la eficacia del sistema de control. El comunicado no informa cuántas sanciones quedaron firmes, cuántas multas fueron efectivamente cobradas, cuántos planes de recomposición ambiental se ejecutaron ni cuántas hectáreas fueron restauradas. La apertura de expedientes administrativos constituye apenas una etapa del proceso sancionatorio y no representa, por sí sola, una reparación del daño ambiental.

La respuesta oficial incorpora además cuestionamientos dirigidos a Greenpeace y a su supuesto financiamiento histórico. Ese planteo no aporta elementos para evaluar la legalidad de los permisos otorgados ni modifica la evidencia sobre la pérdida de bosque nativo. La consistencia de una defensa institucional depende de la documentación técnica que respalda sus afirmaciones y no de la descalificación del denunciante.

El comunicado provincial, en definitiva, presenta una defensa administrativa, pero no desarma el núcleo de la denuncia ambiental. La Provincia afirma que la mayor parte de los desmontes estaba autorizada, aunque no exhibe la documentación necesaria para verificar esa afirmación. Tampoco demuestra que esas autorizaciones hayan respetado integralmente la Ley Nacional de Bosques ni acredita que la pérdida de cobertura forestal resulte ambientalmente sustentable. La existencia de un permiso administrativo explica la situación jurídica de un proyecto, pero no convierte automáticamente la desaparición del bosque nativo en un hecho ambientalmente inocuo.