leonardo fernández acostaLa decisión de la Corte Suprema de Justicia de asumir competencia en la discusión sobre el artículo transitorio de la nueva Constitución de Formosa produjo una reacción inmediata y comprensible en sectores de la oposición. Después de décadas de cuestionamientos a la permanencia de Gildo Insfrán en el poder, cualquier señal que pueda cerrar definitivamente la puerta a una nueva candidatura genera entusiasmo.
Y hay razones para discutir seriamente ese artículo.
Porque si el principio que impidió mantener indefinidamente el sistema de reelecciones de la vieja Constitución debe ser aplicado con coherencia, resulta difícil sostener que una disposición transitoria redactada dentro de una nueva Constitución pueda transformarse en un mecanismo para borrar de un plumazo ocho períodos consecutivos de gobierno.
El sentido común también juega.
No parece razonable que alguien que lleva ocho períodos al frente del Poder Ejecutivo pueda presentarse ante la sociedad como si comenzara nuevamente desde cero porque una reforma constitucional cambió la redacción de las reglas. Mucho menos cuando la incorporación de una cláusula transitoria parece haber tenido precisamente la finalidad de resolver un problema que, sin ella, difícilmente existiría.
Pero hasta allí llega la discusión jurídica.
El gran error político de una parte de la oposición consiste en creer que una eventual decisión de la Corte que impida una novena candidatura de Insfrán equivale automáticamente a una victoria electoral opositora.
No es lo mismo.
Una cosa es impedir la perpetuación de una persona en el poder. Otra, completamente distinta, es construir una alternativa capaz de convencer a la mayoría de los formoseños.
La Corte puede resolver sobre la constitucionalidad de una candidatura. Lo que no puede hacer es fabricar una oposición competitiva.
Y ese es el problema que algunos parecen empeñados en no mirar.
Hoy se observa una disputa casi infantil por apropiarse del mérito. Están quienes celebran haber llegado a la Corte. Están quienes recuerdan sus presentaciones anteriores. Están los que exhiben años de litigios, denuncias y planteos judiciales. Todo ese trabajo puede ser legítimo y merece ser reconocido cuando corresponde.
Pero ninguna demanda judicial convierte automáticamente a su autor en gobernador.
La verdadera pregunta política no está en quién llegó primero a la Corte, quién firmó una presentación o quién se sacará la fotografía de la victoria si el fallo resulta adverso a las pretensiones de Insfrán.
El problema es qué ocurrirá al día siguiente.
Porque si la oposición cree que sacar a Insfrán de la boleta alcanza para modificar por sí solo la voluntad de los formoseños, está cometiendo un error monumental.
En la última elección, la distancia política siguió siendo abrumadora. Y no existe ninguna fórmula mágica por la cual la ausencia de Insfrán vaya a transformar automáticamente a los mismos dirigentes opositores de los últimos treinta años en una alternativa irresistible para el electorado.
La sociedad no vota solamente contra alguien. También necesita saber a favor de quién votar.
Necesita renovación, credibilidad, dirigentes con capacidad de construir mayorías y, sobre todo, una propuesta que no dependa exclusivamente de esperar que el adversario cometa un error, envejezca políticamente o sea excluido por una decisión judicial.
La oposición formoseña no puede construir su proyecto político sobre la fantasía de que Insfrán pierde y, por descarte, nosotros ganamos.
Eso no es una estrategia. Es una lotería.
Y hay una contradicción todavía más profunda. Se denuncia, con razón, la permanencia indefinida en el poder como una deformación institucional. Se sostiene que ninguna persona debería eternizarse en un cargo. Se advierte que demasiados años producen estructuras cerradas, pérdida de sensibilidad, dependencia, falta de renovación y concentración de poder.
Todo eso puede ser cierto. Pero entonces hay que aplicar el mismo criterio hacia adentro. Porque la perpetuidad no deja de ser perjudicial simplemente porque quien se perpetúa está en la oposición.
Un dirigente que durante décadas ocupa el mismo lugar político, reproduce las mismas estrategias, encabeza sucesivamente fracasos electorales y vuelve a presentarse como la única solución disponible también forma parte de un problema de falta de renovación.
La oposición no puede exigirle al oficialismo lo que no está dispuesta a practicar en su propia estructura.
Si ocho períodos consecutivos de un gobernador son demasiado, también debería discutirse cuánto tiempo puede permanecer intacta una dirigencia opositora que, elección tras elección, obtiene resultados insuficientes y, sin embargo, se resiste a dar lugar a nuevas figuras.
La renovación no puede ser una exigencia dirigida únicamente a Gildo Insfrán. Tiene que ser una cultura política.
Por eso, una eventual decisión de la Corte que cierre la posibilidad de una novena candidatura puede constituir un hecho institucional de enorme trascendencia. Puede representar un límite. Puede modificar el escenario electoral. Puede obligar al oficialismo a reorganizarse.
Pero no va a regalarle el gobierno a nadie. La Corte no deposita gobernadores. Los gobernadores los elige la gente.
Y si la oposición pretende convertir una victoria judicial en una victoria electoral, deberá demostrar algo que hasta ahora no ha conseguido: que puede ofrecer algo más atractivo que la simple promesa de que el actual gobernador ya no estará.
El desafío de Formosa no termina con la discusión sobre una candidatura. Tal vez, recién allí empiece.
Porque si el problema es la perpetuidad, entonces habrá que terminar con todas sus formas: la del gobernador que pretende continuar indefinidamente y también la de una oposición que, después de décadas de derrotas, sigue creyendo que cambiar al adversario sin cambiarse a sí misma será suficiente para llegar al poder.
Insfrán puede no estar en la próxima boleta. Eso no significa que la oposición ya haya ganado. Para ganar primero tendrá que demostrar que también es capaz de renovarse.
