A pesar de los discursos sobre capacitación en cuestiones sensibles sobre todo en donde hay menores involucrados en delitos aberrantes, tanto la policía como la justicia provincial han demostrado que no están a la altura, re victimizando a las víctimas.
Locales12/02/2022 Adrián Argañaráz Gamarra
No es el primer caso en donde hay menores involucrados en delitos sexuales en donde se ve la falta de profesionalidad de la policía, de los responsables en la justicia provincial y de los organismos directamente relacionados a la minoridad para la contención y asesoramiento de las criaturas como de sus familias.
El 31 de agosta del año 2020, Melisa descubre horrorizada por el relato de sus dos hijas, una de tres años y otra de trece que el abuelo de las mismas las acosaba, las abrazaba y las manoseaba.
Una de ellas, la de trece años, le dijo a la madre: “Quiero hablar con vos, Julio se me tiró encima, me manoseo y me preguntó si no quería ser su novia”. Cuando esto ocurría la hermana más pequeña escuchó al pasar algo que a ella también le estaba pasando.
Con temor le contó a la madre que su abuelo la manoseó cada vez que la tenía cerca.
Melisa estuvo atenta desde ese momento de alguien que consideraba una persona con quien sus hijas podrían estar seguras pero al otro día decidió hacer la denuncia en la Comisaría Seccional Segunda.
Luego de alrededor de dos semanas y reiterados pedidos del sumario de prevención sin obtener ninguna respuesta, el Dr. Pedro Sebastián Barrios toma conocimiento en el Juzgado Correccional N° 2 que en la Comisaría no existe registro de haber recibido la denuncia y no hay ningún sumario de prevención. De manera obvia ni las niñas ni la familia tuvo algún tipo de acompañamiento de índole institucional por parte del gobierno.
“Desde Noviembre de 2021 hasta hoy aún no han logrado reconstruir el expediente de forma íntegra, solo cuentan con fragmentos de presentaciones realizadas por los distintos involucrados. Estiman que para mediados de este mes estará completo. Es extraño que estas cosas pasen, se trata con desidia y desinterés algo tan preocupante” declaró el abogado de Melisa, Dr. Pedro Sebastián Barrios.
Inmediatamente Barrios procede a realizar un pedido de informe a la Fiscalía, argumentando que no hay registro sobre la denuncia en la Comisaría, ni en el Juzgado Correccional N° 2, y que la denuncia no fue elevada. Sorpresivamente en Agosto del 2021 el expediente aparece y recién entonces se ordena requerir el turno para la realización de Cámara Gesell cuando esto debería haberse realizado un año antes.
El proceso penal tiene un lento avance, donde se tomó declaración testimonial a los testigos propuestos por la querella se volvió a extraviar el expediente pero ocurre lo impensado, nuevamente se pierde el sumario pero esta vez en sede penal, y ya dudando del actuar de la justicia, el Dr. Barrios procede a pedir la reconstrucción del documento y el 10 de Noviembre se ordena la reconstrucción del mismo.
“Desde Noviembre de 2021 hasta hoy aún no han logrado reconstruir el expediente de forma íntegra, solo cuentan con fragmentos de presentaciones realizadas por los distintos involucrados. Estiman que para mediados de este mes estará completo. Es extraño que estas cosas pasen, se trata con desidia y desinterés algo tan preocupante” declaró el abogado de Melisa, Dr. Pedro Sebastián Barrios.
“Espero que se haga justicia. El juez ordenó que se cambie la caratula y no pasó, no hay medidas cautelares, el tipo sigue como si nada y me lo cruzo a tres cuadras de mi casa. Vive frente al Hiper y temo por otros chicos” dijo Melisa, la madre de las niñas a Periodismo Profesional.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
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