Las pericias forenses determinaron que la menor recibió una puñalada en el cuello con un arma plana mientras aún estaba con vida. Los nuevos datos profundizan los interrogantes sobre la investigación judicial y los tiempos de la Justicia.
Locales17/12/2025
leonardo fernández acosta
La confirmación de que Xiomara Portillo murió tras recibir una puñalada en el cuello con un arma plana y cuando aún estaba con vida no aporta alivio ni certezas. Aporta, en cambio, una nueva capa de indignación. Porque ese dato, de una gravedad extrema, llega tarde, fragmentado y envuelto en el habitual hermetismo con el que la Justicia formoseña administra los casos que conmueven a la sociedad.
Los peritos forenses, los doctores Jorge Pessolano y Daniel Ojer, finalmente brindaron precisiones sobre los resultados de la autopsia. Lo hicieron cuando la presión pública ya era inocultable y cuando el silencio oficial comenzaba a resultar insostenible. No fue transparencia; fue respuesta forzada.
Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por la demora, la reticencia y una peligrosa economía de información. Cada dato relevante aparece a cuentagotas, como si se tratara de un favor y no de una obligación institucional. Mientras tanto, las dudas se multiplican, las sospechas crecen y la confianza social se erosiona.
La Justicia no puede actuar como un búnker. Menos aún cuando se trata de la muerte violenta de una menor. El derecho de la sociedad a saber qué ocurrió, cómo ocurrió y qué se está investigando no es una concesión graciosa del poder judicial: es parte del debido proceso en un sistema democrático.
El silencio no protege la investigación. La opacidad no fortalece la verdad. Por el contrario, alimenta versiones, encubre errores y abre la puerta a la impunidad. Cuando la información llega tarde o incompleta, el daño ya está hecho.
El caso Xiomara Portillo exige algo más que pericias técnicas. Exige una Justicia que dé la cara, que informe con claridad y que actúe con la urgencia que la gravedad del crimen demanda. Cada día de silencio es una forma de violencia institucional. Y en Formosa, lamentablemente, esa violencia ya es demasiado conocida.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
