leonardo fernández acosta
La confirmación de que Xiomara Portillo murió tras recibir una puñalada en el cuello con un arma plana y cuando aún estaba con vida no aporta alivio ni certezas. Aporta, en cambio, una nueva capa de indignación. Porque ese dato, de una gravedad extrema, llega tarde, fragmentado y envuelto en el habitual hermetismo con el que la Justicia formoseña administra los casos que conmueven a la sociedad.
Los peritos forenses, los doctores Jorge Pessolano y Daniel Ojer, finalmente brindaron precisiones sobre los resultados de la autopsia. Lo hicieron cuando la presión pública ya era inocultable y cuando el silencio oficial comenzaba a resultar insostenible. No fue transparencia; fue respuesta forzada.
Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por la demora, la reticencia y una peligrosa economía de información. Cada dato relevante aparece a cuentagotas, como si se tratara de un favor y no de una obligación institucional. Mientras tanto, las dudas se multiplican, las sospechas crecen y la confianza social se erosiona.
La Justicia no puede actuar como un búnker. Menos aún cuando se trata de la muerte violenta de una menor. El derecho de la sociedad a saber qué ocurrió, cómo ocurrió y qué se está investigando no es una concesión graciosa del poder judicial: es parte del debido proceso en un sistema democrático.
El silencio no protege la investigación. La opacidad no fortalece la verdad. Por el contrario, alimenta versiones, encubre errores y abre la puerta a la impunidad. Cuando la información llega tarde o incompleta, el daño ya está hecho.
El caso Xiomara Portillo exige algo más que pericias técnicas. Exige una Justicia que dé la cara, que informe con claridad y que actúe con la urgencia que la gravedad del crimen demanda. Cada día de silencio es una forma de violencia institucional. Y en Formosa, lamentablemente, esa violencia ya es demasiado conocida.
