Los empleados de la firma Recolectora Norte SRL que concesiona el manejo de residuos patológicos en la provincia y la planta en el Barrio San Antonio donde está el autoclave, no están destruyendo los desechos de todos las instituciones sanitarias de la provincia. Esto provocó un colapso por la cantidad de bolsas y hasta la rotura de uno de los portones por la cantidad.
Locales06/04/2022
leonardo fernández acosta
Los empleados de la firma Recolectora Norte SRL, iniciaron un paro por la falta de elementos de seguridad e higiene con la que desempeñan en el tratamiento del residuos patológicos.
Uno de ellos dialogó con El Comercial y aclaró que el lugar donde está la autoclave, esta lleno de bolsa de basura orgánica que se vienen acumulando desde los dos años de pandemia.
“No tenemos bioseguridad, no tenemos equipo” explicó Julio Páez.
Agregó que, “Tenemos una maquina para el tratamiento que funciona a medio pelo, es una bomba de tiempo y una que se reventó hace un año”.
Explicó que: “Debería tratarse por 30 minutos los desechos pero no se le hace como tendría que hacerse. Todo está mal en síntesis, esto es inhumana”.
Dijo también que allí confluyen todos los desechos de la provincia desde Juárez y que por la cantidad de desechos no se puede entrar, desechos que están sin tratar.
Se quejó que le pagan el sueldo “a gatas” y ahora estamos esperando un arreglo que nos van a pagar el jueves pero “Juegan con la realidad de los pobres”.
Volvió a resaltar el cumplimiento de los pagos y la entrega del equipo de seguridad para el manejo de este tipo de desechos.
Hay 31 empleados que se desempeñan, no hubo recolección este miércoles y no saben que medidas tomarán pero hasta que no resuelvan su situación aseguraron que no van a volver a recoger los residuos.
“La empresa le hecha la culpa al Ministerio de Desarrollo Humano, que no le paga en tiempo y forma pero nosotros no sabemos”.
El edificio está colapsado de “bolsas rojas” de residuos.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
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