El titular de la Unidad de Pronta Atención a la Contingencia (UPAC), Dr. Hugo Bareiro, ya no estaría al frente de uno de los centros sanitarios donde se realizaron la mayor cantidad de hisopados durante la pandemia. La razón de su desplazamiento obedecería a la denuncia realizada ante una supuesta manipulación de datos sobre positivos y tratados con suero equino en la pandemia por coronavirus.
Locales20/04/2022
leonardo fernández acosta
El titular de la Unidad de Pronta Atención a la Contingencia COVID 19, Dr. Hugo Bareiro, habría sido desplazado como titular de ese organismo debido a la denuncia por la supuesta manipulación de datos sobre positivos y tratados con suero equino durante la pandemia de COVID 19.
Hace poco más de una semana el enfermero, Alexis Diego Hernán Leguizamón, quien formaba parte de los militantes por la vida que trabajaban en el Galpón G sobre la Avenida Costanera, dispuesta para cargar las bases de datos durante la pandemia denunció que alteraron los datos de las personas que daban positivo a COVID 19 para que el gobierno recibiera más dinero.
“Esto empieza a pasar cuando se generan los ingresos de personas y también empiezan a crecer desmesuradamente los positivos pero en realidad no eran positivos sino que eran personas que tenían test negativos y PCR negativos y a nosotros nos pidieron que adulterásemos esos negativos y pasaran a ser positivos porque sobre eso el gobierno estaba sustentando lo que serían los centros de aislamiento y mientras más positivos había, más dinero ingresaba” explicó Leguizamón y dijo que bajo las órdenes de la Dra. Ramírez.
Denuncia en la justicia federal
Por su parte los abogados, Martín Osvaldo Hernández y Gabriel Hernández, en representación de la Unión Cívica Radical, denunciaron ante la Justicia Federal de Formosa la violación del Art. 205 del Código Penal.
El mismo establece que: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Explicaron que de las declaraciones de un dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, encargado de la carga de los datos correspondientes a personas infectadas con coronavirus en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, evidencian que se ha adulterado la carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) de los casos de COVID-19 de la provincia de Formosa.
Aclararon que ello configura la comisión del delito previsto y reprimido por el Art. 205 del Código Penal, que sanciona al que violare “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Precisamente, una de las medidas más importantes para la lucha contra la epidemia de COVID-19 era la actualización permanente de los datos cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
Dijeron además que: “Como se verá, también se adulteraron los datos correspondientes a personas supuestamente infectada con coronavirus, que según las autoridades del Gobierno de la provincia de Formosa fueron tratadas con suero equino durante la emergencia de la pandemia de COVID-19”.
Gómez también fue a la justicia
El ministro de Desarrollo Humano Aníbal Gómez solicitó que la justicia investigue los dichos de una persona que, según una nota que circuló en las últimas horas refiere ser enfermero; y aseguró en varios medios de comunicación que durante el proceso más duro de la pandemia de Coronavirus le solicitaron que adultere los resultados negativos de COVID a positivos para que “el gobierno provincial reciba más dinero”.
Ante una afirmación de tal magnitud, el titular de la cartera de salud provincial aseguró que tales afirmaciones “no tienen sustento ni razones de ser”, porque “es irracional pensar que se pueden llegar a modificar los resultados y ante un acto de tamaña irresponsabilidad esta persona tendrá que demostrar en la justicia lo que dijo”.
“No podemos dejar pasar cosas como estas porque el gobierno desde un primer momento fue transparente con la información brindada a los formoseños a través de las conferencias diarias, e incluso hemos sido víctimas de una campaña mediática orquestada desde Buenos Aires por mantener medidas que significaron un éxito al lograr evitar contagios, por lo que es ilógico pensar que luego se quieran sumar casos adulterando datos”, expresó el funcionario.
Daños colaterales
Además de la citación a los abuelos del enfermero que hizo la denuncia sin que estos supieran absolutamente nada y como medida evidentemente con ribetes intimidatorios, la separación del titular de la UPAC, se debería a su directa relación en el manejo del personal de enfermería contratado a los efectos de cargar los datos.
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La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Mayans descansa en una playa de la costa bonaerense a la que la inmensa mayoría de los formoseños nunca podrá acceder: no por falta de ganas, sino por salarios que no alcanzan, distancias imposibles y un modelo de poder que condena a muchos a no conocer jamás el mismo descanso que disfrutan quienes dicen representarlos.
Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
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Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
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