La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) difundió un nuevo relevamiento de los precios del gasoil a nivel nacional, en el que confirma la gran dispersión de valores que hay entre las diferentes provincias e incluso dentro de una misma jurisdicción.
Locales01/07/2022
leonardo fernández acosta
En base a datos recopilados por las 44 cámaras que forman parte de Fadeeac, la entidad determinó que dentro de una misma provincia se puede llegar a encontrar una gran diferencia entre los valores mínimos y máximos informados: más del 56 %.
Los transportistas aseguran que subió 23% en dos meses. Por este motivo, los costos del autotransporte de cargas se dispararon 9,2% en marzo y ya acumulan un alza del 20% en el primer trimestre.
“Casi $ 300 el litro de gasoil: esta es la realidad de Argentina”
Esa es la distancia entre el precio “oficial” y el “blue” en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, donde el mínimo se ubica en $ 160 y el máximo supera los $ 250, mientras que la brecha se agranda al 66% en Corrientes ($ 150 – $ 250) y al 78% en Formosa ($ 140 – $ 250).
Como se puede observar en el mapa, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Córdoba siguen siendo las provincias en las que los transportistas de cargas pagan más caro el litro de gasoil (superando los 250 pesos), y Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distritos con el menor valor mínimo registrado (120 y 130 pesos respectivamente).
De este modo, se observa un gran contraste entre el norte del país (con varios distritos en los que los conductores y propietarios de camiones abonan más de $250 por litro) y el sur (donde las cifras máximas informadas rondan los $180).
“Respecto del mapa difundido el 22 de junio, esta versión muestra que en 11 distritos aumentó el precio mínimo por litro de gasoil reportado: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones”, añade el informe.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
