Gobernador Gildo Insfrán

El discurso del senador José Mayans sobre la defensa de la soberanía territorial choca con un antecedente ineludible del propio "Modelo Formoseño": la adjudicación especial de 40.000 hectáreas de tierras fiscales a LIAG Argentina S.A., una empresa de capital australiano, presentada en su momento como una apuesta al desarrollo y posteriormente  expropiada por la propia provincia.

Competencia desleal en el Poder Judicial: Un fiscal penal acusado de prevaricato por intervenir en una causa civil para perjudicar a su rival en un concurso por un juzgado federal. La denuncia, que salpica a toda una sala de la Cámara Civil, expone el oscuro entramado de intereses y amistades que pone en jaque la imparcialidad de la justicia formoseña.

El tratamiento de nuevos pliegos en el Senado confirma el avance de una política destinada a cubrir cargos que durante años permanecieron vacantes. La postulación de María Esther Pinos para la Defensoría Pública Oficial Federal de Formosa forma parte de ese proceso de fortalecimiento institucional.

El gobernador anunció un aumento del 15%, pero decidió entregarlo en tres cuotas de apenas 5%. En una provincia donde el ingreso de bolsillo de la enorme mayoría de los empleados públicos y jubilados ronda el millón de pesos, el anuncio no cambia la realidad: apenas administra la pobreza con mayor prolijidad.

El Gobierno de Gildo Insfrán vuelve a convertir una enorme erogación de fondos públicos en una operación propagandística: se anuncian más de 200.000 juguetes, se despliega una gigantesca logística por toda la provincia, pero no aparece con claridad cuánto costó la compra ni quién fue el proveedor. Una estimación razonable permite ubicarla en el orden de los $1.500 a $2.000 millones, aunque el monto real solamente puede surgir del expediente de contratación.