Los datos surgen del RENATEP que informó que en la provincia el número de trabajadores “vulnerables” contra 25.175 en blanco o registrados.
Locales24/07/2022
leonardo fernández acosta
Dado que las definiciones de “economía popular” pueden variar, no existe una única cifra, aunque según el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) existen más de tres millones de trabajadores que la integran.
En nueve provincias del país – Chaco, Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán – los inscriptos superan a los trabajadores asalariados del sector privado registrados.
En comparación con las provincias vecinas, Corrientes – según un informe emitido a nivel nacional – registra que los trabajadores de la economía popular son un número similar a la cantidad de trabajadores en blanco. Esa diferencia es casi ínfima, ya que los trabajadores registrados en el RENATEP ascienden a 75.471 y los correntinos que están en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) son 76.413.
En otras provincias del Nordeste esa cifra es altamente superior, notándose esa marcada diferencia en Chaco donde el RENATEP informó 175.643 trabajadores contra 73.116 del SIPA. De igual modo ocurre en Formosa, provincia cuya cifra es aún más amplia, ya que el RENATEP enmarca a 87.584 trabajadores contra 25.175 en blanco. Misiones, en tanto, tiene en el RENATEP inscriptos a 131.477 trabajadores contra los 102.673 registrado en el SIPA.
¿Qué es la economía popular?
No hay una única definición para el término “economía popular”, pero se suele referir con ese concepto a aquellos trabajos que se realizan en un marco de mayor vulnerabilidad que el empleo “tradicional”, en relación de dependencia, con derechos laborales, con un eje empleador-empleado y por fuera de relaciones asalariadas formales. En algunas ocasiones, la economía popular es referida por las organizaciones sociales como la “economía de los excluidos”.
Por lo general, la economía popular suele girar en torno a cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos y talleres familiares o agricultura familiar.
Dado que las definiciones de economía popular pueden variar, no existe una única cifra, aunque sí existen datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) que pueden dar una idea de las personas que conforman este grupo.
El RENATEP es un registro creado en 2020 por el Estado nacional, con el objetivo de formalizar la economía popular y que sirve para “acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación, participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera”, según se explica oficialmente. El objetivo del Gobierno, se señala, es “sacar la economía popular de la informalidad”.
Según los datos recopilados entre julio de 2020 y febrero de 2022, son 3.225.268 trabajadores los que están inscriptos en este registro. Pero de acuerdo con estimaciones del director nacional de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Chena, el número podría ser incluso mayor: cerca de 8 millones de personas, en función de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
De los datos recopilados, surge que el 57,8% de los inscriptos son mujeres y que el 64,3% tiene entre 18 y 35 años.
Respecto a la educación, el 61,1% de los trabajadores no completaron los estudios obligatorios (inicial, primario y secundario). Y de los que sí lo hicieron, el 28,7% finalizó el nivel secundario y sólo el 10,2% declaró estudios superiores.
¿En qué actividades trabajan?
Respecto a la rama de actividad de los inscriptos en el registro, el 33,6% entra en la categoría de “Servicios personales y otros oficios” (como servicios de limpieza o peluquería) y el 28,8% a servicios sociocomunitarios (como trabajadores de merenderos y comedores), mientras que el resto de las categorías se distribuye entre comercio popular y trabajos en espacios públicos (11,8%); construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental (8,6%); agricultura familiar y campesina (8,3%), y recuperación, reciclado y servicios ambientales (4%).
Por otro lado, el 59,6% se organiza de forma individual, el 22,9% en organización comunitaria o social, el 7,8% en cooperativas y el restante se distribuye en pequeños emprendimientos familiares y no familiares (6,8%), proyectos productivos o de servicios inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social (1,7%) y núcleos de agricultura familiar (1,2%). Además, el 28,4% trabaja en el propio hogar y el 28,1% lo hace en uno ajeno.
Respecto a la situación fiscal, sólo el 7,2% de los trabajadores del RENATEP se encuentra inscripto de manera individual en alguna categoría tributaria: el 6,6% está adherido al monotributo social y el resto se distribuye entre las categorías A y D del monotributo. (Chaco día por día)
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La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
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