El gobernador de una de las provincias más pobres, que viaja para estar DOS HORAS a la Ciudad de Buenos Aires gastando 20.000 dólares, con funcionarios de nivel jerárquico que perciben 1.000 veces mas que el promedio de los trabajadores estatales, les da 10 mil pesos de aumento a salarios situados por debajo del 50% de la Canasta Básica Alimentaria.
Locales08/09/2022
leonardo fernández acosta
Con el habitual decorado de gremialistas corporativos y aplaudidores, el gobernador Insfrán, anunció el aumento del 20% apelando a sus habituales porcentajes que llevados a valores absolutos son una burla para la situación de emergencia de los estatales.
Lo dispuesto fue un 20% en las remuneraciones del Personal de la Administración Pública Provincial y comprende a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.
Según lo explicado por el mandatario se liquidará en septiembre un 10% (cerca de $4.800) y octubre el otro 10% (otros $4.800), porcentajes que se aplicarán sobre los importes de sueldos vigentes al mes de febrero del corriente año (sueldo de bolsillo $48.000).
“Es una ayuda que el obrero hoy necesita y lo que el Tesoro Provincial nos permite otorgar” afirmó el gobernador pero en realidad resulta en un monto que ni siquiera alcanza para pagar la boleta de consumo de luz de un mes.
Pero a lo insignificante del aumento, se suma la burla de los gremios cooptados que aplauden convalidando una suma que ni siquiera han negociado pero que aprueban para seguir manteniendo sus "status quo" que por supuesto es muy distinto que el resto de los empleados públicos que representan.
“Este Gobierno va a hacer siempre todo lo que tenga que hacer para poder salvar la situación salarial del obrero” aseguró Insfrán pero lejos del eufemismo obrero por trabajador, lo cierto es que cuando dice que los salarios de bolsillo se incrementarán en septiembre: $69.300 y en octubre: $73.600, no habla de obreros sino de docentes, policías, administrativos y también médicos de planta porque si hay un mérito del modelo, es haber aplastado la pirámide salarial.
Tampoco considera, que el 10% pagado dentro de 30 días ($4.800) pierde poder adquisitivo por efecto de la inflación que se ubica en un 6,5% mensual, es decir dentro de 30 días, deflacionando el valor de aumento otorgado implicará solo un 3,5% de aumento. De la misma manera, el segundo aumento otorgado al mes de octubre sufrirá un 13% de inflación por lo que practicamente cuando se complete el aumento anunciado, la cantidad estará completamente licuada por efecto de la inflación.
El gobernador de una de las provincias más pobres, que viaja para estar DOS HORAS a la Ciudad de Buenos Aires gastando 20.000 dólares, con funcionarios de nivel jerárquico que perciben 1.000 veces mas que el promedio de los trabajadores estatales, les da 10 mil pesos de aumento a salarios situados por debajo del 50% de la Canasta Básica Alimentaria.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
