Con reparos a los considerandos, hubo un intercambio respecto de los discursos del odio y el ataque a la prensa pero más allá de las diferencias el proyecto de repudio hacia el aberrante hecho salió aprobado con todos los bloques votando a favor.
Locales09/09/2022
leonardo fernández acosta
En la sesión del día jueves en la Legislatura Provincial, votaron de manera unánime, un proyecto de repudio y condena por el intento de asesinato de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Con reparos a los considerandos, hubo un intercambio respecto de los discursos del odio y el ataque a la prensa pero más allá de las diferencias el proyecto de repudio hacia el aberrante hecho salió aprobado con todos los bloques votando a favor.
La diputada provincial, Azucena del Valle Santillan, fue la diputado que presentó el proyecto, afirmando que la vicepresidente hace tiempo viene soportando injurias y calumnias permanentemente y aseguró que el punto culmine que desencadenó este intento de magnicidio, fue "el alegato del fiscal que pidio una condena de 12 años de prisión, alterando el proceso judicial de la debida defensa y la presunción de inocencia, amparados por esos medios de comunicación. Medios hegemónicos y afines de los intereses y de los grandes capitales que han sembrado ese odio hacia la persona más querida y convocante que es una mujer".
La diputada afirmó que esto está motorizado por corporación, gestado en compliciad con un partido judicial inescrupuloso.
"Repudiamos y condenadmos enérgicamente este intento de magnicidio" la legisladora gildista y pidio el acompañamiento de los legisladores.
El diputado por la UCR, Juan Carlos Amarilla, pidió un cuarto intermedio para ponerse de acuerdo en la redacción del proyecto para eliminar la palabra odio y además en algunas afirmaciones de la diputada Santillán que había afirmado erróneamente que no se había cumplido el debido proceso. "No estamos de acuerdo con que este hecho estaría ligado a ciertos sectores, los jueces. De igual manera no se ha lesionado el debido derecho" Explicó Amarilla.
"Rechazo categoricamente que exista un corporación entre medios hegemónicos y determinados sectores. Hay que hacer memoria de quien era el que tenía relación con los medios hegemónicos" continuó.
Se refirió además a los medios de comunicación como Canal 11 y Canal 3, desde donde se difama de seguido, según expresó y que jamás le han dado la posibilidad de aclararlo o defenderse.
Sin embargo el legislador radical opinó que más allá de todo esto, debía ser contundente la condena a todo hecho de violencia.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
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Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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