El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja difundió vía Twitter un mensaje intimidatorio que recibió por redes sociales. "Es lamentable que en democracia, no quieran escuchar a todas las voces y se dirijan de manera sesgada y violenta", sostuvo.
Locales24/09/2022
leonardo fernández acosta
El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR repudió este sábado las amenazas de muerte recibidas por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile, en el marco del debate por la Ley de Humedales.
El diputado por Formosa mostró en sus redes sociales las amenazas que viene sufriendo en las últimas horas. En un intercambio por Twitter, un usuario le dijo "te vamos a prender fuego".
Buryaile preside la Comisión de Agricultura, una de las tres comisiones que interviene en el plenario que comenzó el jueves a trabajar en un dictamen consensuado de Ley de Humedales.
"En medio del debate parlamentario, he sufrido varias de este tipo de amenazas. Es lamentable que en democracia, no quieran escuchar a todas las voces y se dirijan de manera sesgada y violenta. Es muy difícil construir si lo que se promueve es el odio y la estigmatización", expresó Buryaile en su cuenta de Twitter y adjuntó imagen de la amenaza. Agregó: "Hago responsable a las autoridades de @DiputadosAR de la seguridad de mi familia y de la mía".
El titular de la bancada, Mario Negri, y el resto de los integrantes de la bancada, expresaron su solidaridad con Buryaile y exigieron que el debate por la ley se de en un marco de respeto mutuo y no agresión.
"Desde el Bloque de Diputados de la UCR repudiamos las amenazas a @BuryaileRicardo que se están dando en el marco del debate de la ley de Humedales. Es necesario que todos los actores intervinientes llamen a la paz. La norma, demorada años, está siendo consensuada #NoALaViolencia", tuiteó Negri.
Durante el debate de la semana pasada, Buryaille había solicitado más tiempo para el debate del proyecto, al considerar "una irresponsabilidad legislativa tratar esto a libro cerrado y a tontas y a locas". "Los representantes del pueblo tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo", agregó, al señalar que "las leyes se tratan, no se despachan", al cuestionar el apuro del oficialismo en avanzar con el dictamen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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