leonardo fernández acosta
En casi el 50% de las provincias del país, incluida Formosa, ya hay más trabajadores de la Economía Popular que asalariados privados registrados. Esta categoría se refiere a un modo de producción diferente al “tradicional” que tiene su eje en la relación empleador-empleado. La mayoría de los trabajadores se dedica a la agricultura familiar y campesina en la provincia, o al comercio y tareas u oficios en espacios públicos.
Este registro del Ministerio de Desarrollo de la Nación muestra un 5,7% en el relevamiento de trabajadores de la economía popular respecto de la población chaqueña. También que, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y La Rioja son las demás provincias argentinas que tienen un mayor volumen de inscriptos en el Renatep.
“Es un universo que tiene cierta dinámica propia. Cuando la economía se recupera, cuando crece el PBI, esos mismos trabajadores de la economía popular mejoran sus ingresos, pero no diría que se suman personas a hacer ‘changas’ o, al revés, que dejan sus oficios en la economía popular para insertarse en el mercado formal”, explica el economista Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social.
Si bien en tiempos de recuperación económica existe cierto flujo entre en la frontera mercado laboral registrado/informal no hay aquí un gran movimiento, aun con el aliciente de medidas como el Plan Empalme.
Según el Renatep, en la economía popular la mayoría son mujeres (58%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años que en la economía formal (27,1% versus 6,7% en SIPA), lo que habla del modo en el que las personas se insertan en el mercado laboral. La experiencia del primer empleo, en la Argentina, se da sobre todo en la informalidad.
En algunas provincias la economía popular emplea a alrededor de un cuarto de las personas de entre 18 y 65, y eso considerando que no todo ese universo está reflejado en el registro. Es el caso de Santiago del Estero (30,7%), Jujuy (26,1%), Formosa (24,7%) y Chaco (24,5%).
La mayoría de los inscriptos en el registro trabajan en servicios personales y otros oficios (35%). Es decir cocineros, bicicleteros, jardineros, mecánicos, paseadores de perros, peluqueros, reparadores de electrodomésticos, etcétera. La segunda rama de actividad más voluminosa son los servicios socio comunitarios (27,7%) y le sigue el comercio popular y los trabajos en espacios públicos (11,8%), la construcción y mejoramiento ambiental (8,4%), la agricultura familiar y campesina (8,2%), el reciclado (4,1%), la industria manufacturera (3,6%) y el transporte y almacenamiento (1,2%).
Si se miran las ocupaciones y no las ramas de actividad, más de la mitad de las inscripciones se explican por trabajadores de comedores y merenderos, servicio de limpieza, agricultores, vendedores ambulantes y albañiles.
Apenas el 10,6% está inscripto en alguna categoría tributaria, ya sea el monotributo social o el régimen simplificado. También es minoritario el porcentaje que recibe, como complemento de sus ingresos, el programa Potenciar Trabajo: el 28,3%. Esto cuando incluso se puede asumir que quienes se inscribieron en el registro tienen mayor contacto con el Estado y conocimiento de sus herramientas.
A su vez, el 60,4% de los inscriptos trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. Estos datos muestran que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria.
